La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advierte que, de ser avalada la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador por el Poder Legislativo, las empresas, ante la alza de las tarifas eléctricas, se salgan de México.
Desde que el titular del Poder Ejecutivo Federal envió su propuesta de enmienda en materia eléctrica que busca ser una “contrarreforma” a lo aprobado en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, la misma ha recibido toda clase de criticas desde distintos ámbitos.
En conferencia de prensa, el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, apuntó que con la reforma eléctrica constitucional que pretende darle más control a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre dicho recurso, compañías extranjeras decidirán no invertir en la república mexicana.
En este sentido, alertó la posibilidad de que los corporativos que residen en el país analicen que no les resulte rentable operar en territorio nacional ante la alza del costo eléctrico, por lo que decidan marcharse, lo que ocasionará la pérdida de empleos.
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“Veremos muchas otras inversiones extranjeras que decidan no llegar al país y también es posible que algunas empresas que hoy están en nuestro país, al subir estos costos, pues ya no sean rentables y dejen sus inversiones con la consecuente pérdida de empleo en nuestro país”, expuso.
Asimismo, Medina Mora apuntó que si se aplica la ley de forma retroactiva, las empresas extranjeras comenzarán a demandar al Estado mexicano, ya que, en los hechos, ello constituirá una expropiación indirecta, asegurando que los recursos serán ganados por esta y el gobierno tendrá que indemnizarlas.
“Corresponderá a las empresas afectadas que son las que tendrán que hacer las demandas. Estas empresas y los organismos empresariales en Estados Unidos y Canadá, tienen la claridad de que en caso de que así se aprobara la reforma, estas demandas serán ganadas, y tendremos como país que pagar esas indemnizaciones”, explicó el líder de la Coparmex.
Por último, José Medina Mora enfatizó la necesidad de que en México se respete el Estado de derecho, ya que en caso contrario las empresas extranjeras presentarán litigios y, además, habrá inconformidades por parte de Estados Unidos y Canadá en el marco de lo establecido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
