El concepto de derecho electoral en su acepción más amplia contiene las determinaciones jurídicas positivas y consuetudinarias que normalmente regulan la designación de aquellas personas que aspiran ocupar cargos públicos.
Por lo que podríamos sintetizar al derecho electoral desde este análisis como: el conjunto de normas jurídicas que regulan la elección de las y los titulares de los órganos representativos, que conforman nuestro sistema institucional (Poder Ejecutivo de los tres órdenes de gobierno, Poder Legislativo federal y local, entre otras).
En su aplicación, esta rama del derecho establece principalmente, aquellas determinaciones legales que promueven y defienden los derechos político electorales de las y los ciudadanos a participar en los procesos establecidos con el objeto de renovar, y ahora reelegir, la designación de quienes ocupan la titularidad de cargos públicos, a través del voto ciudadano.
Este concepto materializa el derecho al sufragio, sin embargo no se limita a establecer las condiciones jurídicas de la participación de las personas en la elección y configuración para acceder libremente a los procesos organizados por las autoridades correspondientes, sino que, su evolución nos permite como sociedad utilizarlo hoy en día, para que grupos vulnerables alcancen una igualdad sustantiva, como es el caso de las recientes reformas en materia de violencia política en razón de género, y del derecho de los pueblos originarios de autodeterminarse en razón de sus usos y costumbres.
Con el incremento de la tecnología y el boom de las redes sociales, la sociedad se encuentra mayormente enterada de la actividad política antes, durante y después de los procesos electorales motivo por el cual la materia electoral debe divulgarse eficientemente con la finalidad de que su implementación se lleve a acabo de manera adecuada.
Una reflexión final, se orienta a reconocer su importancia dentro del andamiaje democrático nacional, ya que sin la aplicación correcta y adecuada de los principios que rigen la materia electoral, por las instancias a las que constitucionalmente se les ha otorgado esta responsabilidad, se vulneraría el estado de derecho, que todo pueblo necesita para lograr un estadio de paz, bienestar, equidad y desarrollo.
- en D. Raúl Flores Bernal
Catedrático Universitario
Especialista en Derecho Electoral y DDHH