Reforma Eléctrica
Utilizar el nacionalismo como pretexto para atentar contra el Estado de Derecho, es un ataque a todos los ciudadanos de México, respondió el sector privado a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) al titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, sobre la iniciativa constitucional del sector eléctrico en un “enérgico” llamado a respetar las leyes.
“Las 12 organizaciones que integran el Consejo Coordinador Empresarial hacemos un enérgico llamado a respetar el Estado de Derecho e invitamos al Poder Legislativo a emitir un voto sustentado y responsable. No a la provocación y a la polarización, sí al diálogo respetuoso para mantener una industria eléctrica fuerte, sana y competitiva, generadora de empleos y crecimiento en favor del bienestar de México”, señaló.
Reformar la ley con base en la ideología y la manipulación de los distintos sectores de la ciudadanía “es totalmente inaceptable. Es una estrategia política que sólo genera, como resultado, el engaño y la división de la sociedad”, apunta en su posicionamiento el CCE al invitar a los legisladores a realizar un voto razonado.
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Sobre las recientes declaraciones del Director General de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, respecto a que la iniciativa de reforma constitucional al sector energético presentada por el gobierno federal tiene como prioridad de quitar la “madeja de hilos” y por eso se deben anular los contratos para poder “partir de cero”.
Las 12 organizaciones que integran el CCE), aclararon que el compromiso del sector privado “es y será siempre con el bienestar de las familias mexicanas y su economía, así como hacer valer el Estado de Derecho”.
“Con el gran esfuerzo de la nación mexicana hemos forjado normas escritas, y conocidas por todos, para regular nuestro funcionamiento como colectividad. No quisiéramos que algunos servidores públicos las desprecien, hoy en día, como algo intrascendente o prescindible”, señala.
Al resaltar las cinco características esenciales del verdadero Estado de Derecho: imperio de la ley, división de poderes, sujeción de la administración a la ley y al control judicial, derechos y libertades fundamentales para los ciudadanos, y justicia igual para todos, el CCE considera que el Estado de Derecho “es una creación intelectual del género humano, tal vez la más importante de la historia, cuya esencia es proteger al ciudadano del mismo poder que dicta las leyes, evitando así sus posibles abusos”.
En ese contexto, utilizar el nacionalismo como pretexto para atentar el estado de Derecho, “es un atentado contra el sistema que tantos años nos ha costado construir y contra los preceptos legales que nos protegen de la arbitrariedad del autoritarismo. No vayamos contra la historia de nuestro país que creó y fortaleció el Estado de Derecho”, expuso.
Con las declaraciones del director de la CFE, el sector privado considera que el respecto y el cumplimiento de las leyes y la Constitución en el país, “están en grave riesgo y la solución no es que un grupo de personas dicten normas inconstitucionales, sino todo lo contrario, debemos reforzar y consolidar aún más nuestro Estado de Derecho”.
Abasto limpio y suficiente, prioridad para socios de Coparmex
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), con sus 36 mil empresarios afiliados, es una prioridad el abasto suficiente de energía eléctrica limpia y barata por lo que externó su disposición al diálogo para fortalecer a la CFE y desde ahí, se alcance la seguridad energética.
“Rechazamos categóricamente cualquier tipo de descalificación y señalamiento sin fundamento en contra de las empresas e inversionistas. Estas imputaciones irresponsables en contra de un sector, no abonan al crecimiento de nuestro país y al interés común de impulsar el avance de la industria eléctrica -particularmente de la CFE- en condiciones de justicia, donde se respete el Estado de Derecho y se promueva la libre competencia”, señaló.
La confederación dijo esperar de los legisladores, un análisis profundo de la iniciativa en la que tomen en cuenta todas las implicaciones negativas -jurídicas y de inversión- que tendría el país si aprueban esta reforma tal como fue presentada.
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