Me ha costado mucho trabajo dilucidar el dilema que encierran aquellos comportamientos inusuales, absurdos, aberrantes, carentes de probidad de parte de diversos fiscales encargados de proveer justicia hacia todos aquellos que claman por ella a todo lo largo y ancho del territorio nacional.
La vida misma, el comportamiento profesional, a veces presenta circunstancias o conductas antijurídicas, extraviadas, absurdas, repugnantes, detestables y pervertidas, que ni la más estricta lógica jurídica y mucho menos el sentido común logran explicarse.
Cómo es posible, inquiero, que unos ministriles que al tomar posesión de sus encargos, sin excepción alguna, juramentaron sobre el más sagrado libro de leyes guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, falten a tal compromiso propiciando con ello hasta actos de corrupción.
He aquí la historia
La filosofía del gobierno de ésta Cuarta Transformación de la República, mañana con mañana, reiteran machacadamente que se combate la corrupción existente en nuestra Nación. Según la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México y la Abogacía Independiente, todos esos decíres tienen que deducirse y convertirse en hechos; por consiguiente lo que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es sino la filosofía de los hechos que han sido el resultado del régimen observado por diferentes sociedades políticas.
Todos sabemos que la corrupción en México se acrecentó y sembró raíces en el sistema de procuración de justicia durante el reinado del neoliberalismo y dado los nombramientos recaídos en cierto narcoprocurador de justicia y corrupción el cuál creó pactos con grupos delincuenciales dedicados al narcotráfico.
Los aconteceres históricos jurídicos nos han esclarecido esa verdad antepuesta y nos proporcionan los datos bastantes y suficientes con las demostrativas de responsabilidad para saber cuál fue el procedimiento que se siguió para corromper a la justicia, la cuál se extendió sobre los recintos de procuración e impartición de ella, sin que nadie haya hecho nada, ni lo haga en la actualidad.
La historia jurídica patria sólo nos indica sobre la cadena de complicidades formada y existente a fin de que siga permeando ese fenómeno en nuestros recintos, con la complacencia de esos delincuentes del poder que la siguen propiciando.
El Poder Ejecutivo, con exclusión de cualquier otro corrompido, es quien tiene la voluntad política, para combatir con eficacia esa corrupción. Los fiscales no se pueden investigar ellos mismos. Hay que comprender según ello, que se debe combatir el origen y el resultado.
Los tristes espectáculos de corrupción e ignorancia en la procuración de justicia que han sido montados por fiscales sin escrúpulos, el poco equilibrio en la justicia y el desprecio a nuestra Carta Magna nos hace pensar que todas las autoridades están adentro de ese despreciable fenómeno.
De no ser así hay que demostrarlo.
Lic. Alberto Woolrlich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho
Penal del Colegio de Abogados de México, A.C..
