En conferencia de prensa, fue presentada por la diputada Liliana Michel Sánchez Allende la iniciativa de reformas a la Constitución local, Código Penal, Ley de Victimas y Ley de Salud Pública del Estado de Baja California, relativas a la interrupción legal del embarazo.
La legisladora dijo que esta iniciativa atiende a la decisión de la SCJN de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo, así como a una Alerta de Violencia de Genero contra la Mujer en Baja California, emitida por la Secretaria de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Sánchez Allende detalló que, con el objetivo de socializar el tema en favor de las mujeres se abrirán diversos espacios para la reflexión, análisis y discusión.
Este martes, en conferencia de prensa, fue presentada por la diputada Liliana Michel Sánchez Allende la iniciativa de reformas a la Constitución local, Código Penal, Ley de Victimas y Ley de Salud Pública del Estado de Baja California, relativas a la interrupción legal del embarazo.
La legisladora dijo que esta iniciativa atiende a la decisión de la SCJN de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo, así como a una Alerta de Violencia de Genero contra la Mujer en Baja California, emitida por la Secretaria de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Sánchez Allende detalló que, con el objetivo de socializar el tema en favor de las mujeres se abrirán diversos espacios para la reflexión, análisis y discusión.
Además, las instituciones públicas del Estado que brinden servicios, asistencia y atención a las víctimas, dispondrán de personal capacitado en el tratamiento de la violencia sexual, servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo de forma gratuita.
También, ofrecerán apoyo médico a la mujer o persona gestante que decida practicarse la interrupción de su embarazo.
La iniciativa menciona que la Secretaría de Salud, será la autoridad sanitaria que velará por la disponibilidad de los servicios necesarios incluyendo las técnicas diagnósticas urgentes para posibilitar la práctica del aborto en los plazos legalmente establecidos. Y deberá realizar las visitas necesarias a las instituciones públicas y privadas que practiquen abortos legales, con el propósito de cerciorarse que se están tomando las medidas de calidad, higiene, eficacia, eficiencia y buen trato a las mujeres para interrupción de embarazo.
En caso contrario, la Secretaría de Salud deberá sancionar y dar vista al Ministerio Público que corresponda, independientemente de las penalidades administrativas y civiles que correspondan.
En la presentación participaron especialistas, trabajadores de la salud, historiadores y asesores legales expertos en la materia.
