Un grupo representativo de los 31 científicos y exfucionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) asistieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para reunirse con el ministro presidente, Arturo Zaldívar.

Este grupo acudió a la Suprema Corte después que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que se les investiga por peculado, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y facultades y delincuencia organizada

Por su parte, en un comunicado, la SCJN explicó que este encuentro se llevó a cabo por solicitud de los científicos y académicos, a lo que el ministro Presidente “les reiteró que el PJF seguirá actuando con independencia e imparcialidad”.

“Durante el encuentro, el Ministro Presidente escuchó con respeto y atención las inquietudes y peticiones de los científicos y académicos, a quienes reiteró que el Poder Judicial de la Federación seguirá actuando con independencia e imparcialidad en el cumplimiento de su deber”, informó la Suprema Corte.

Cabe recordar que hasta este momento la FGR ha solicitado en dos ocasiones órdenes de aprehensión contra los 31 integrantes de la comunidad científica.

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Sin embargo, en ambas ocasiones, el juez Gregorio Salazar, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, negó las órdenes.

En la primera solicitud de los mandamientos judiciales, la FGR señaló que los académicos deben estar en una cárcel de máxima seguridad porque, por su capacidad económica, pueden cometer actos de corrupción en prisiones de mediana y baja seguridad.

“En primer lugar debe señalarse el hecho que se atribuye a los imputados implica la recepción y adquisición de enormes cantidades de dinero. Cuestión que se traduce en que, al tener las personas investigadas una capacidad económica obtenida en forma ilícita, podrían realizar actos de corrupción en algún centro con medidas de seguridad bajas o medias”, señaló la institución.

También la FGR puntualizó que por otro lado podrían poner en peligro la seguridad interna de las prisiones, por tener medios económicos para favorecer para sí un trato diferenciado o eventualmente ser auxiliados por miembros de la organización criminal que conforman o por diversas personas.

Finalmente, la Fiscalía añadió que no se deja de lado que esta capacidad económica representa un riesgo propio para los imputados, puesto que el estar sujetos a una medida cautelar internos en un centro penitenciario de baja seguridad podría poner en peligro su vida e integridad física.