Por: Fernando Ávila García
Superado -seguramente, en los próximos días- el debate en torno al paquete económico para 2022, un tema que atraerá la atención del espectador político será, sin duda, la intención de una nueva -sí, oootra- reforma político-electoral.
Desde hace ya algunos meses, se ha estructurado, tanto en el mensaje presidencial como en los más visibles lideres del partido en el poder, la intención de impulsar una iniciativa que reinvente -eso se señala- tanto al actual Instituto Nacional Electoral como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, aunque poco se ha mencionado, en la Cámara de Diputados de la naciente XLV legislatura, hay ya una iniciativa que plantea reducir el número de diputados federales, de senadores e, incluso, de diputados locales.
Desde su incorporación -gracias a la histórica reforma política de 1977- de los diputados plurinominales, en múltiples ocasiones se ha cuestionado su “utilidad” e intentado, desde reducir su número -actualmente 200- hasta desaparecerlos completamente, lo que dejaría a la Cámara con solo los 300 diputados electos por mayoría en cada uno de los distritos en que se divide el país.
Sucede lo mismo en el caso de la Cámara de Senadores, la cual, a partir de la reforma política de 1996, paso de contar con los 64 representantes de las entidades federativas a, 96 primero y a 128 después, con los que se integra actualmente.
En ambos casos -y podríamos incluir a los congresos locales que contemplan la misma figura de diputado plurinominal- la intención -considero, valida- es que las minorías tengan representación -voz y voto- en un espacio de discusión natural, como lo es el legislativo.
En una época en la cual no existía – en los hechos- la competencia real y la posibilidad de ganar en un distrito -o, peor aún, en un estado- por parte de los partidos entonces de oposición era ínfima -por no decir, imposible-, el incorporar los diputados de representación proporcional fue, en principio, una funcional válvula de escape a las presiones políticas y sociales que demandaban una mayor apertura de parte del gobierno y un más amplio espectro de participación de un importante segmento de la población que no se veía o se sentía representado por el partido entonces hegemónico.
Más tarde, sin embargo, la figura del diputado plurinominal se convirtió, en los hechos, en el espacio idóneo para propiciar el debate, fijar posiciones, establecer agendas conjuntas, lograr acuerdos políticos e impulsar cambios estructurales “consensados” por parte de partidos “minoritarios” que, sin lograr triunfar en las elecciones distritales, contaban con un amplio y definido respaldo ciudadano. Sus representantes en la Cámara no solo legitimaron, aún con su voto en contra, buena parte de las iniciativas aprobadas por la aplanadora oficialista sino que también consiguieron que su voz fuera escuchada -inicialmente sí, solo en el recinto legislativo- pero poco a poco hizo eco en medios de comunicación y logro, en gran medida, que la alternancia política -en el poder legislativo- fuera real y, cada vez, más frecuente.
Los partidos de oposición aprovecharon la estructura de las listas por circunscripción, para lograr que sus cuadros más preparados y competentes garantizan su lugar en la Cámara, sin pasar por el tamiz de la votación –con sus excepciones, esta estrategia ordinariamente dio buenos frutos- y permitió que ese elevara necesariamente el nivel de la discusión y se avanzará más rápidamente en la construcción de acuerdos legislativos.
Sin embargo, esos tiempos ya pasaron, ya no existen -¿cierto?- y ahora las condiciones de competencia son equitativas y “cualquiera” puede ganar una elección distrital o estatal -¿cierto?-. El poder del partido en el gobierno ya no controla, manipula o influye en los resultados electorales -¿cierto?- y, en consecuencia, podría inferirse que los diputados -y senadores- plurinominales son hoy innecesarios.
A modo de ejemplo, vale la pena revisar cómo está integrada la actual legislatura -fruto de la elección del pasado 6 de junio-, incluyendo la asignación de diputados plurinominales por partido y de qué manera -hipotéticamente- habría quedado integrada sin esta figura de representación.
La actual LXV legislatura está compuesta -incluyendo plurinominales- por 198 diputados de Morena (39.6%), 114 del PAN (22.8%), 70 del PRI (14%), 15 del PRD (3%), 43 del Verde (8.6%), 37 del PT (7.4%) y 23 de Movimiento Ciudadano (4.6%).
Sin diputados plurinominales -solo los 300 ganadores por mayoría-, los números quedarían 122 de Morena (40.67%), 73 del PAN (24.33%), 30 del PRI (10%), 7 del PRD (2.33%), 31 del Verde (10.33%), 30 del PT (10%) y 7 de Movimiento Ciudadano (2.33%).
En el terreno de los actuales acuerdos y alianzas políticas, la actual bancada oficial tiene 278 votos (el 55.6%) y Va x México cuenta con 199 diputados (el 39.8%). En el supuesto anterior – sin plurinominales-, Morena y aliados tendrían 183 votos (61%) y la alianza opositora 110 (36.67%).
Como se puede observar, no se modificaría de manera significativa el actual equilibrio de fuerzas, no se alteraría la composición de la legislatura vigente -en porcentaje de votos-, si no existiera la figura de diputados plurinominales.
¿Continúa entonces siendo válida la premisa o la razón de la existencia de los legisladores de representación proporcional?
La iniciativa en cuestión no plantea su eliminación absoluta. Propone reducir a únicamente 100 diputados plurinominales, eliminar a los 32 senadores de la llamada “lista nacional” y al 50% de los diputados plurinominales en los congresos estatales (actualmente existen 437 y, de prosperar la propuesta, quedarían 218).
Más allá del impacto que en el presupuesto implica -no es en lo absoluto significativo el ahorro-, lo relevante debería de ser si, esta potencial reducción en el número de legisladores implica una mayor calidad en el trabajo que están obligados a realizar.
¿Un menor número de diputados garantiza un mejor desempeño y representación política?
Pensemos en esa pregunta -y su posible respuesta- mientas disfrutamos un buen café.
