El presidente López Obrador desde que inició su mandato, en imitación de algunos de sus antecesores, ha utilizado organismos del Estado, para golpear y perseguir a quienes considera sus enemigos políticos.
En eso se asemeja a otros presidentes que ya en el poder, en contra de lo que hayan podido decir como candidatos, no resisten la tentación de usar el aparato en sus manos, para deshacerse de quienes consideran les generan problemas o se interponen en su camino.
Desde la mañanera, como siempre lo hace, el presidente ha juzgado y condenado por supuestos actos de corrupción, no probados, al panista Ricardo Anaya, que compitió con él en la elección presidencial de 2018.
Éste, a imitación del ahora presidente, desde el inicio del actual gobierno se ha dedicado a recorrer pueblos y ciudades del país y después subir videos de esas visitas y encuentros. Él ha dicho que éstos ya llevan 70 millones de reproducciones.
Ahora es el único de los que quieren ser candidatos a la presidencia de la República, para la elección de 2024, que dedica la mayor parte de su tiempo a ese propósito. El presidente no quiere que sea candidato, por eso le inventa actos de corrupción.
Es también lo que ha hecho el dictador Daniel Ortega en Nicaragua, que tiene en prisión a siete de los que se habían apuntado como candidatos, para la elección presidencial del próximo noviembre.
En este circo dirigido por el presidente, desde las mañaneras mantiene activa la función, y en ellas va a seguir juzgando y condenando a Anaya, cada vez que considere le es rentable políticamente y abone a su decisión de que no sea candidato.
La FGR, una vez más, hace el ridículo y no ha podido montar un caso creíble contra Anaya. Ya ha corregido dos o tres versiones de supuestas acusaciones de Emilio Lozoya que inculpan a Anaya, pero que no tienen lógica en el tiempo y tampoco en los hechos por los que se le acusa.
El presidente en su desesperación y amargura, nada le sale bien, puede intentar acciones fuera de la ley, pero hasta ahora las instituciones de la República le han parado todo lo que se ha propuesto llevar adelante fuera de la ley. En este caso tampoco lo va a lograr porque no hay delito que perseguir.
Por lo pronto Anaya, el primer exiliado político que sale del país, evita que el presidente, sin pruebas, pero dueño del poderoso aparato de Estado, lo lleve a la cárcel. Por ahora ha dicho que desde el exterior continuará con su trabajo político.
Twitter: @RubenAguilar
