Habrá 47 presidentas municipales y 78 presidentes municipales como parte de los 125 ayuntamientos 2022-2024 en el Estado de México. Es decir, 37 por ciento serán alcaldesas y 63 por ciento serán alcaldes, 37 por ciento mujeres y 63 por ciento hombres al frente de los municipios mexiquenses.
Enorme diferencia de lo que ocurrirá en la Legislatura del Estado de México en la que se perfilan 38 legisladoras y 37 legisladores como parte de los 75 integrantes del Poder Legislativo mexiquense.
Podría pensarse de forma errónea que en los ayuntamientos no se cumple con el criterio de paridad de género, mientras en la Legislatura sí se respeta.
En principio, todas las candidatas y candidatos presentados por los partidos correspondieron a los criterios de paridad de género.
Luego vino el juego democrático. La voluntad popular expresada a través del voto en las urnas definió cuántas candidatas fueron triunfadoras y cuántos candidatos fueron victoriosos en cada una de las demarcaciones territoriales.
En el caso de los ayuntamientos, la composición de representantes hombres y de abanderadas mujeres no se puede modificar, el resultado electoral se respeta.
En el caso de la Cámara de Diputados, los hombres y mujeres que ganaron en sus distritos electorales, tampoco pueden ser objeto de ajustes. La voluntad de la mayoría de votantes se acata.
Por último, las autoridades electorales tienen la obligación de distribuir los espacios de representación proporcional conforme a los resultados electorales y ateniendo los principios de paridad de género. Esto supone que colocar a hombres y mujeres no es una cuestión aritmética simple. La razón, los votos obtenidos por cada candidata y candidato, así como los sufragios acumulados por cada partido político, también cuentan. Ignorar la vos de las urnas, falsearía el resultado electoral.
El asunto de la paridad de género cobró especial relevancia ante distribución de diputadas y diputados que realizó el Instituto Electoral del Estado de México. A ello correspondió la revisión, corrección y resolución del Tribunal Electoral del Estado de México. A su vez, ya hubo revisión, corrección y resolución de la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En última instancia, corresponderá a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación poner las bases firmes para los futuros repartos de posiciones conforme a los resultados electorales y los criterios de paridad de género.
Para los procesos electorales del futuro es trascendente dejar precedentes claros en la asignación por la vía de representación proporcional sobre criterios de equidad de género. Evitar interpretaciones discrecionales y simplistas que pretendan repartos a modo entre facciones políticas o una desmesurada expectativa femenina acerca de las cuotas de género.
La paridad de género es un logro en materia de derechos políticos. En principio, entender que su materialización está sujeta a fórmulas legales que se aplican en los procesos democráticos. Los resultados legítimos están a la vista y son loables.
Es verdad que hay espacios donde la voluntad política de las actoras políticas y los actores políticos requieren ampliar el acuerdo para ampliar la participación de las féminas.
Aún hay espacios para ampliar la paridad de género. Uno de ellos es la representación de las fracciones parlamentarias y los órganos de gobierno del Poder Legislativo, donde lo común es ver a un varón como Presidente de la Junta de Coordinación Política y al mismo tiempo un varón como Presidente de la Mesa Directiva que, además, acaparan dos espacios de decisión, como cabeza de gobierno y como líderes de bancada; también es frecuente observar a un varón como líder de la fracción del partido a nivel nacional y al mismo tiempo a un varón como líder de la fracción de ese mismo partido en cuanto a su procedencia por entidad federativa.
Aún vienen batallas por la paridad de género. El reto es lograr que los acaparadores masculinos de cargos y puestos en el ámbito legislativo, les cedan la mitad de esos espacios a las damas que tendrán fuero a partir del 1 y el 5 de septiembre de 2021.
