• La violencia política durante el proceso electoral se mantiene como un riesgo severo para la
  • Es preocupante que las autoridades electorales hayan sido agredidas o violentadas a través de redes sociales y que se buscará minar la legitimidad del INE y del
  • Las amenazas en redes sociales contra los consejeros electorales del INE tienen como objetivo mermar la legitimidad de la institución e influir en su labor y muestran una grieta donde se asoma otra forma de violencia política.
  • Durante el pasado proceso electoral las mujeres contaron con más herramientas para protegerse de la violencia política en razón de género.
  • Sin embargo, la tipificación integral de estas conductas, la investigación penal y la presentación adecuada de denuncias son todavía asignaturas
  • Las pasadas elecciones refrendaron que la principal debilidad del sistema es la justicia penal, la cual se agudizó por un mayor uso de medios digitales para cometer
  • Recomendamos promover el intercambio de experiencias entre las mujeres políticas que han sido víctima de este delito, sin importar su militancia.
  • Debido a que la violencia del proceso electoral se expresa más allá de los periodos que comprenden la campaña política, sugerimos que los gobiernos en sus distintos niveles mantengan activos los mecanismos de vigilancia de la violencia política.
  • La pandemia por Covid-19 generó nuevas oportunidades y acrecentó el uso de medios digitales para cometer delitos
  • Se detectaron 4 modalidades diferentes del uso electoral de la En las 15 entidades donde hubo elección a gobernador se observó al menos una de estas.
  • Los comités estatales y las coordinaciones de los “Servidores de la Nación” tuvieron un alto nivel de involucramiento e influencia en la aplicación del pro- grama de vacunación, sin lograr justificar su presencia en zonas que no son de alta marginación ni aisladas geográficamente.

El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), presentó el estudio “Delitos electorales y violencia política en el contexto de pandemia y crisis sanitaria por COVID-19 en México. Incidencia e impacto en la representatividad”, el cual advierte que la violencia política y los delitos electorales se mantienen como riesgos severos y persistentes para la democracia.

El documento destaca que las autoridades electorales fueron violentadas a través de las redes sociales y que diversos grupos buscan minar su legitimidad. De igual forma, se comprobó que la violencia política contra la mujer en razón de género se mantiene como un obstáculo para la participación efectiva de las mujeres en la vida política.

El director del ONC, Francisco Rivas, señaló que las mujeres contaron con más he- rramientas para protegerse de la violencia política en razón de género, sin embar- go, advirtió que la tipificación integral de estas conductas, la investigación penal y la presentación adecuada de denuncias son todavía asignaturas pendientes.

Las pasadas elecciones, dijo, refrendaron que la principal debilidad del sistema es la justicia penal. Esta debilidad, explicó, se agudizó por un mayor uso de medios digitales para cometer delitos, nuevas conductas por la aplicación simultánea de la campaña de vacunación por Covid-19, la ausencia de una estrategia de blindaje multiactor, la falta de transparencia del uso de la prisión preventiva oficiosa, las dificultades para presentar denuncias por violencia política contra la mujer en razón de género, entre otros aspectos.

El estudio advierte sobre la posible existencia de comunidades digitales de agresores dedicadas a denigrar a las candidatas, que suelen asociarse a cuentas bots y que casi nunca son sancionados debido al anonimato.

Francisco Rivas destacó que los casos más graves y, paradójicamente, los que tienen más probabilidad de llegar a una sentencia firme son los eventos en los que los principales agresores son políticos contendientes o autoridades locales.

Entre los obstáculos para que los agresores sean sancionados, detalló, se encuentran problemas en la correcta integración de las denuncias y la nula capacitación que realizan los partidos políticos sobre el tema.

El director del ONC alertó que a diferencia de las comunidades urbanas, en las mixtas o rurales este tipo de violencia se expresa sobre todo en actos de campañas por las presidencias municipales, con menor impacto en medios de comunicación masiva.

A su vez, el documento establece que la pandemia por Covid-19 generó nuevas oportunidades y acrecentó el uso de medios digitales para cometer delitos electorales. Una de estas oportunidades fue el uso electoral de la campaña de vacunación. Rivas indicó que se detectaron 4 modalidades diferentes. En las 15 entidades donde hubo elección a gobernador, dijo, se observó al menos una de estas.

El estudio profundiza en el rol de los comités estatales y las coordinaciones por parte de los Servidores de la Nación quienes tuvieron un alto nivel de involucra- miento e influencia en la aplicación del programa de vacunación sin lograr justificar su presencia en zonas que no son de alta marginación ni están aisladas geo- gráficamente.

Además, lamentó que los informes de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), por falta de desagregación, no permitan la identificación puntual de las distintas modalidades de actos posiblemente constitutivos de delito por uso electoral del programa de vacunación. Lo anterior constituye un obstáculo para la observación electoral en el contexto de la pandemia.

El estudio presentado advierte también que el uso de medios digitales para habilitar delitos electorales amplifica el alcance de estos y constituye un riesgo creciente para la democracia.

Existen, explicó Francisco Rivas, flaquezas institucionales en torno al uso y regulación de las tecnologías digitales durante los procesos electorales. La mayor incidencia de este tipo de delitos fue en Facebook, Twitter y Whatsapp. Los delitos ciber dependientes más documentados, detalló, fueron aquellos referentes a la venta en línea de los registros electorales.

Respecto a la justicia penal, sostuvo que sigue siendo el eslabón más débil de los procesos electorales. En 2021, se observó mayor opacidad y un retroceso significativo de las estrategias de blindaje. La FEDE, añadió, no informó en qué consistió la estrategia de blindaje electoral y solamente la Secretaría de Bienestar mostró un Programa de Blindaje Electoral.

Durante el pasado proceso electoral, señaló, se observó ausencia de involucra- miento y colaboración entre dependencias y organismos de la administración pública federal para el blindaje de programas sociales y escasa coordinación con organismos de otros niveles de gobierno.

Por último, Rivas alerta sobre la falta de transparencia por parte de las instituciones de seguridad y justicia en materia de prisión preventiva oficiosa por el uso de programas sociales. Esto denotaría su inefectividad para el fin que fue propuesta.

 

Por lo anterior el Observatorio Nacional Ciudadano hace las siguientes recomendaciones:

 

  • Avanzar en la tipificación de las modalidades de la violencia política: contra las autoridades electorales y contra las mujeres en razón de género y por supuesto, escalar en las sanciones que
  • Incluir en el Padrón del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política del INE a personas
  • Reformar el artículo 73 de la Ley General de Partidos Políticos para incluir un porcentaje de los “recursos destinados para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres” en el rubro de violencia política contra la mujer por razón de género.
  • Contemplar como gastos de campaña los costos derivados de las denuncias por este
  • Reformar la Ley General en Materia de Delitos Electorales para definir con claridad los términos de la disculpa pública cuando sea parte de la sanción dictada a los
  • Promover el intercambio de experiencias entre las mujeres políticas que han sido víctima de este delito, sin importar su militancia
  • La violencia del proceso electoral se expresa más allá de los periodos que comprenden la campaña política, por lo cual se sugiere que los gobiernos en sus distintos niveles mantengan activos los mecanismos de vigilancia de la violencia política.
  • Subsanar el rezago en la publicación de informes mensuales de actividades de la En ese mismo sentido, se recomienda compartir información de manera clara y oportuna sobre las estrategias de blindaje electoral en el ámbito federal y sobre su coordinación con los otros órdenes de gobierno.
  • Publicar un informe de actividades de todas las fiscalías especializadas en delitos electorales del fuero común y remitirlo tanto al Consejo General del INE como a la Conferencia Nacional de Procuración de
  • Es necesario promover un trabajo conjunto entre el INE, el TEPJF , instancias judiciales y la FEDE, así como sus homólogos estatales, para analizar los casos presentados y profundizar sobre la naturaleza penal de dichos actos, de tal modo que el trabajo colaborativo permita la investigación y persecución de los delitos electorales tanto a nivel nacional como local, teniendo en cuenta el grave impacto social que representa el uso electoral de programas sociales en el actual contexto de crisis
  • Es necesario crear condiciones de legalidad y certeza respecto al uso de tecnologías de la información con fines Resulta impostergable su inclusión en los marcos regulatorios, así como el desarrollo de infraestructura para monitorear su uso durante las elecciones.
  • Estas elecciones mostraron poca evidencia sobre el impacto del uso de la prisión preventiva oficiosa como un inhibidor de los delitos electorales, en este sentido se requiere contar con un informe robusto, en un inicio, de los eventos en donde se requirió de este recurso. Resulta insuficiente saber que, en los últimos años, el delito electoral es parte de la agenda prioritaria de algunos actores políticos.

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