Los pueblos indígenas y tribales son los guardianes que mejor se encargan de cuidar los bosques de América Latina y el Caribe y su labor es clave para reducir las emisiones de carbono. Sin embargo, carecen de ingresos dignos y acceso a servicios básicos, además de enfrentarse a la destrucción de sus territorios. La ONU pide a los gobiernos reforzar los derechos territoriales comunales, compensar a las comunidades por su trabajo ambiental y facilitar la gestión forestal comunitaria.

Las tasas de deforestación en América Latina y el Caribe son significativamente más bajas en los territorios indígenas y tribales donde los gobiernos han reconocido formalmente los derechos colectivos territoriales, afirmó el pasado jueves la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Por esta razón, garantizar a los pueblos indígenas la tenencia de esos territorios constituye una manera eficiente y rentable de mitigar el cambio climático, sostuvo la agencia en el nuevo informe “Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques”.

El estudio señala que la ciencia ha demostrado que estos pueblos han sido mucho mejores guardianes de los bosques que otros responsables de esos ecosistemas en la región. Sin embargo, añade, sus pobladores carecen de ingresos dignos y acceso a servicios, y sufren atropellos y destrucción de sus territorios por actores externos que buscan explotar los recursos naturales.

Agrega que la conservación de los territorios indígenas son fundamentales para la estabilidad del clima mundial y regional, así como para preservar buena parte de la diversidad biológica y cultural global.

Durante mucho tiempo la deforestación y degradación forestal de estas áreas fue modesta gracias a los factores culturales, el reconocimiento de los gobiernos de los derechos territoriales colectivos, los incentivos económicos para velar por los bosques, las restricciones estatales sobre el uso de sus recursos, la baja rentabilidad de la agricultura comercial, la disponibilidad reducida de capital y la escasa presión demográfica.

Pero el escenario ha cambiado y en la actualidad aumentan las presiones a las comunidades indígenas de los bosques debido a la creciente demanda de alimentos, minerales, energía, madera, turismo y otros productos y servicios.

Estos elementos colocan en riesgo la función protectora de estas comunidades y la deforestación avanza cada día más en la Amazonía, lo que afectará significativamente las precipitaciones, la temperatura y, con el tiempo, la producción de alimentos y el clima mundiales.

El informe señala que los territorios indígenas de la cuenca del Amazonas perdieron menos del 0.3% del carbono en sus bosques entre 2003 y 2016, mientras que las áreas protegidas no indígenas perdieron 0.6%, y otras zonas que no eran territorios indígenas ni áreas protegidas perdieron 3.6% durante el mismo periodo. El total de emisiones brutas de carbono de la región proveniente de los territorios indígenas alcanzó apenas el 2,6% pese a que esos pueblos cubren sólo el 28% de la cuenca amazónica.

El representante regional de la FAO, enfatizó el papel de los pueblos indígenas también en la lucha contra la pobreza, el hambre y la desnutrición. “Sus territorios contienen alrededor de un tercio del carbono almacenado en los bosques de América Latina y el Caribe y el 14% del carbono almacenado en los bosques tropicales de todo el mundo”, recalcó Julio Berdegué.

La FAO instó a los gobiernos, los financiadores climáticos, el sector privado y la sociedad civil a invertir en iniciativas que fortalezcan el papel de los pueblos indígenas y tribales en la gobernanza forestal. También los exhortó a reforzar los derechos territoriales comunales, compensar a las comunidades indígenas por su trabajo servicios ambiental y facilitar el manejo forestal comunitario.

El informe explica que tasa de deforestación dentro de los bosques indígenas donde se ha asegurado la propiedad de la tierra es 2,8 veces menor que fuera de dichas áreas en Bolivia, 2,5 veces menor en Brasil y 2 veces menor en Colombia. Detalla que los territorios colectivos titulados evitan entre 42,8 y 59,7 millones de toneladas de emisiones de CO2 cada año en estos tres países; lo que equivale a sacar de circulación de 9 a 12,6 millones de vehículos durante un año.

Los datos indican que de las 404 millones de hectáreas ocupadas por los pueblos indígenas, los gobiernos han reconocido formalmente los derechos de propiedad colectiva o usufructo de unos 269 millones de hectáreas.

La FAO llama otorgar legalmente esos derechos para los territorios faltantes y hace hincapié en que sólo cuesta seis dólares titular una hectárea de tierra en Colombia y 45 dólares en Bolivia, un costo entre cinco y 42 veces más bajo que el de evitar las emisiones por medio de la captura y almacenamiento de carbono fósil en las centrales eléctricas de carbón o gas.

Según el estudio, la gestión justa y eficiente de los bosques para mitigar el cambio climático supone un problema de largo plazo que debe abordarse con un enfoque integral que contemple las estructuras de gobernanza, las políticas, el capital social, las capacidades y conocimientos para preservar los ecosistemas y las culturas, la mejora de las condiciones de vidas y la prevención de los conflictos sociales.

“Los programas exitosos de manejo forestal comunitario y compensación de servicios ambientales requieren derechos territoriales. Una buena gobernanza territorial y organizaciones indígenas y tribales consolidadas constituyen una base sólida para todo lo demás, mientras que la revitalización cultural y la gestión del conocimiento tradicional abonan al capital social, autoestima, habilidades y conocimientos necesarios para ello”, apunta la publicación.

Con información de referencia de Ambientum