Brenda Ruacho de Vega, esposa del exgobernador Francisco Vega de Lamadrid y expresidenta del Sistema DIF estatal  acudió a las oficinas de la Fiscalía General del Estado en Tijuana para firmar un acuerdo reparatorio y la privación de su libertad por el desvío de 6.8 millones de pesos pertenecientes al Estado de Baja California.

Sin embargo, no ingresó a las instalaciones de la FGE, ya que al percatarse de la presencia de los medios de comunicación, solicitó que le llevaran los documentos a firmar hasta su vehículo, estacionado cerca al edificio de la fiscalía.

Amador Rodríguez Lozano, Secretario General de Gobierno,  dijo que la señora Ruacho de Vega se acogió a lo que contempla el Artículo 16 de la Ley Penal actual que permite la reparación del daño, monto que asciende casi a los 7 millones de pesos, dinero del cual dispuso de manera ilegal en una cuenta personal.

El Titular de la SGG dijo que este recurso forma parte del patrimonio del estado por lo que posterior a la firma, en las próximas horas, la señora Brenda tiene que hacer una transferencia bancaria a una cuenta oficial del Gobierno del Estado para resarcir el daño.

Es parte del acuerdo compensatorio que le permite la ley, dijo el funcionario, quedó claro y evidenciado que cometieron delitos,  la señora cometió delitos en contra de la administración de pública; y ella al darse cuenta de que el Ministerio Público tenía los elementos suficientes para sancionarla por los delitos de desvío de recursos y coalición de servidores públicos prefirió firmar este acuerdo y regresar lo robado, que al final de cuentas es dinero del pueblo, comentó.

Asimismo el funcionario, señaló que, a través de la Dirección Jurídica para el Combate a la Corrupción, la SGG aportó a la FGE los elementos para que integraran esta carpeta de investigación y los hechos fueron tan contundentes, que al final la expresidenta del DIF reconoció el ilícito y firmó este acuerdo para regresar el dinero robado.