Esta semana en una apretada votación se aprobó en el Senado de la República una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por la cual se creará el “Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil” un mecanismo mediante el cual se nos exigirá a los más de 122 millones de usuarios de telefonía el entregar nuestros datos personales al Gobierno y a las empresas de telefonía. Vaya manera de querer generar un control desde el gobierno. En este artículo hablaremos de esto y de la compra de un software para intervenir telecomunicaciones que recién adquirió la Fiscalía General de la República. Se dice por ahí: No hagas cosas buenas que parezcan malas.
Se pretende crear este Padrón Nacional para generar condiciones de certeza de quienes poseen un teléfono celular, aunque a diario sabemos de historias de extorsión que se realizan desde centros penitenciarios, una opinión muy personal es que antes de querer crear un registro pues primero que se trabaje a fondo en prohibir que se tengan teléfonos celulares en lugares no permitidos, podrían comenzar por estos Centros penitenciarios, por ejemplo.
Pero dediquémonos a ver de que se trata esta mentada reforma. El Congreso o Morena, justifica su actuar en la existencia de un mercado negro de equipos celulares, que se usan para extorsionar y cometer diversos delitos, suena risible que pretendan frenar la delincuencia a través de registrar a quienes la comenten, es en serio. Conocerán en verdad la realidad de los penales en México, no se si reír o llorar con el nivel de los Senadores.
Pero vayamos más a fondo, el supuesto padrón tendrá: Número telefónico, identificador único de tarjeta SIM, fecha y hora de la activación de la línea telefónica, nacionalidad del usuario, número de identificación oficial con fotografía y Clave Única de Población, nombre completo, domicilio y datos biométricos.
Las empresas de telecomunicaciones recabarán y validarán la información sobre la identidad, datos biométricos, datos del usuario y realizarán todos los movimientos inherentes a las líneas telefónicas contenidas en el padrón, lo que sin duda generará una lluvia de amparos para evitar que se aplique esta normatividad que a todas luces se percibe como violatoria de derechos constitucionales de los usuarios mexicanos, ya que vulneraría el derecho a la privacidad, presunción de inocencia y muchas garantías individuales consagradas en nuestra Carta Magna.
México entraría a una nada honrosa lista de países autoritarios que exigen a sus ciudadanos sus datos biométricos, integrada por: China, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela. No se a ustedes pero a mí no me inspira la más mínima confianza que un gobierno tan opaco y persecutor tenga todos mis datos, y más aún con la recientes filtraciones que ponen a la luz que la Fiscalía General de la República, ha adquirido licencias de software con la finalidad de realizar escuchas e intervenir a quienes comenten conductas tipificadas como delitos, aunque de nada servirá ya que como sabemos cuando apresan a un gran capo, lo sueltan por orden presidencial, pero bueno estas escuchas servirán para tener ubicados y espiar a delincuentes y me imagino también a opositores al régimen más vengativo e indolente de los tiempos recientes, así pinta la realidad en materia de telecomunicaciones y su vinculación con la aplicación de la justicia, esto está de miedo verdad.
El punto fino es: ante el espionaje que se avecina dejarían entrar a su casa y comunicaciones a un Gobierno que no asume responsabilidades y se excusa en un pasado para cubrir sus incapacidades. Yo no, y en caso de ser aprobada la reforma por los Diputados, buscare ampararme para que no se aplique esta reforma autoritaria; el marcador es 1 – 0 y vamos perdiendo los ciudadanos de a pie ante un Gobierno al que debemos mostrarle que el poder tiene límites, ojalá lo entienda.
