En medio de un clima de crispación constante, la noticia del acuerdo entre la IP, el Gobierno federal y los líderes sindicales sobre la regulación del outsourcing y el pago de PTU, es una bocanada de aire fresco para un país que requiere de certidumbre económica. La iniciativa, pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados, si bien es perfectible, corrige y opta por no eliminar sino regular la figura de la subcontratación y a su vez se establece un tope al pago de utilidades.
A finales del año pasado, cuando la propuesta fue presentada por el Presidente, las alarmas del sector empresarial se encendieron y ello convocó a una serie de reuniones con el Gobierno federal en aras de replantear la iniciativa original que buscaba eliminar de tajo al outsourcing. Poco más de tres meses después, el diálogo entre la IP y el Ejecutivo, dio frutos en la concreción de un acuerdo que beneficia al país, sobre todo si tomamos en cuenta nuestro lamentable sistema laboral en el que muchos viven en la informalidad.
En ese sentido, hay que resaltar la participación tripartita que existe en México en materia laboral. Este episodio es un buen ejemplo de a dónde se puede llegar cuando existe la participación de todos los actores interesados en un tema, en este caso, los sindicatos, el gobierno y los empresarios. El acuerdo al que se llegó no es cosa menor, puesto que pone el foco en un asunto que era necesario reformar y atender.
Es improbable y hasta ocioso predecir los efectos de esta inminente ley, sin embargo hay que reconocer la voluntad política para corregir los abusos que se han cometido con el outsourcing y cómo esto ha afectado a aquellas empresas que sí cumplen las reglas, a los trabajadores y al país mismo. Aunado a esto, el hecho de que gobierno, sindicatos y sector privado se hayan sentado a negociar y discutir la iniciativa en aras de llegar a una propuesta que beneficie a todos, es algo que debe celebrarse.
La situación de informalidad ha sido un lastre para el país desde hace décadas y considero que acuerdos de este tipo pueden pavimentar el camino hacia la legalidad. Ello contribuirá a la competencia y al desarrollo del país, generando más y mejores ofertas laborales y en condiciones óptimas tanto para empresas como para trabajadores, y esa labor se hace en conjunto, con el gobierno, los empresarios y desde luego, la sociedad.
