Un gobierno enemigo de las mujeres

Las palabras se las lleva el viento, lo que cuenta y permanece son los hechos. Desde que llegó el gobierno que encabeza el presidente López Obrador con relación a las políticas públicas a favor de la mujer dice una cosa y hace otra.

Es público que, al solo llegar a la presidencia, de manera inexplicable, suspendió el programa de guarderías infantiles, fundamental para apoyar a las madres trabajadoras, y el programa de casas de acogida, para proteger a las mujeres violentadas en su hogar.

Ahora una investigación de Alexis Ortiz (El Universal, 08.03.21) muestra que en los dos primeros años de gestión el presidente ha eliminado por lo menos otros once programas de apoyo a la mujer, para ese recurso canalizarlo a otras actividades.

Esta decisión implica que 1,400 millones de pesos destinados a financiar políticas públicas de igualdad sustantiva e inclusión de género se hayan eliminado del presupuesto federal.

Los recortes, de acuerdo a Ortiz, tienen un mayor impacto en los programas destinados a la atención de las mujeres indígenas y a las que viven en zonas de alta marginación.

Se han cerrado, en una clara política en contra de las mujeres más pobres, por no responder a una lógica clientelar como la que impulsa el actual gobierno. Los que se han eliminado son:

  1. Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena. Lo administraba el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y disponía de 437 millones de pesos. Se apoyaban 4,130 proyectos en las comunidades indígenas.
  2. Programa de Apoyo al Empleo. Estaba a cargo de la Secretaría del Trabajo y disponía de 306 millones de pesos. La población objetivo un millón 646 mil mujeres.
  3. Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa. Disponía de 208 millones de pesos. Destinado a fomentar el aprendizaje en mujeres de grupos vulnerables.
  4. Programa de Fomento a la Economía Social. Disponía de 203 millones de pesos.
  5. Programa de Conversión Social. Disponía de 136 millones de pesos.
  6. Programa de Derechos Indígenas. Disponía de 88 millones de pesos.
  7. Programa Promoción al Respeto de los Derechos Humanos. Disponía de 4 millones 108 mil pesos.
  8. Programa de Participación Social para la Reconstrucción del Tejido Social. Disponía de un millón 520 mil pesos.

Hay otros tres programas que no desaparecieron, pero sí sufrieron recortes considerables:

  1. Programa Políticas de Igualdad de Género en el Sector Educativo. Se le recortó el 77 % de un presupuesto.
  2. Programa de Apoyo Económico a las Viudas de Veteranos de la Revolución. Se le recortó el 26 % del presupuesto.
  3. Programa para el Monitoreo y Evaluación sobre la Política en Materia de Igualdad de Género. Se le recortó el 13 % del presupuesto.

El gobierno señala que la suspensión y los recortes de esos programas se inscriben en una política, para evitar la corrupción y fomentar la austeridad y ahorro. Es evidente que no es así. Las prioridades en política pública se expresan en los montos de recursos que se les destinan. Para este gobierno las mujeres no lo son.

Y de otro lado la suspensión de programas institucionales o el recorte de los recursos de los mismos responde a la más vieja política del paternalismo clientelar que por décadas impulsó el PRI. Lo que se quiere garantizar es la entrega de recursos de manera directa a la población con una clara intención electoral.

Twitter: @RubenAguilar

 

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