• La Secretaria de la Defensa Nacional concentra 28% más
recursos que la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana
y la Fiscalía General de la República juntas.
• Por cada peso la SEDENA recibe 34.8 centavos mientras que la
SSPC ejerce 21.4 centavos y la FGR 5.8 centavos.
• En la actual administración disminuyó el control sobre gasto
público en seguridad comparado con los sexenios anteriores.
• México no sólo gasta menos en seguridad comparado con el
resto de los países de la OCDE, sino que cuenta con una precaria
instrumentación, seguimiento y evaluación de los programas
presupuestales en la materia.
El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad
(ONC) presentó el estudio Gasto público en seguridad 2019-2021, para
el cual contó con la colaboración del Centro de Investigación Económica
y Presupuestaria (CIEP).
Uno de los hallazgos más relevantes de esta investigación indica que el
gasto público en seguridad previsto y asignado en la actual administración
federal, mantiene la misma inercia que la de sus antecesores. Ello se
debe a que se continúa privilegiando un enfoque reactivo y no uno
preventivo, pese a que en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública
(ENSP) se enfatiza como eje conductor la prevención del delito.
El documento señala que el gasto público en este eje disminuyó 0.20%
del PIB en 2019 a 0.18% en 2021. Mientras que el objetivo del combate
al crimen concentra la mayor cantidad de recursos, el cual aumentó
de 0.55% del PIB en 2019 a 0.56% en 2021.
El director general del ONC, Francisco Rivas, indicó que esto demuestra
la falta de coherencia respecto al cambio de paradigma de seguridad
prometido y revela que tanto el gasto público como la ENSP no
trascienden el discurso político del presidente.
Otro de los hallazgos del estudio es que en los últimos ejercicios fiscales
se ha registrado un menor control del gasto público en materia de
seguridad. Prueba de ello, es que en 2019 el gasto ejercido superó
en 36 mil 531 millones de pesos al aprobado. Ello se debe a que se
ejercieron 35 mil 511 millones de pesos más en el Ramo 7 Defensa
Nacional y mil 427 millones adicionales en el Ramo 13 Marina.
Este menor control del gasto público contrasta con el recorte
presupuestal del Programa de Fortalecimiento del Desempeño en
Materia de Seguridad Pública (FORTASEG). Dicha decisión presupuestal
pone en riesgo la implementación del Modelo Nacional de Policía y
Justicia Cívica aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública
en municipios que concentran 75% de los delitos de alto impacto.
Francisco Rivas consideró que los legisladores fueron irresponsables al
aprobar el recorte presupuestal el año pasado y advirtió que debido a
ello el gasto público se ha convertido en un instrumento para fortalecer
la centralización de recursos en la federación y la militarización de la
seguridad pública.
El estudio Gasto público en seguridad 2019-2021 analiza cómo ha
sido la transición de la Fiscalía General de la República en términos
presupuestales. El cambio se resume en un incremento de 6% entre
2019 y 2020 y entre 2020 y 2021 el presupuesto aprobado para la FGR
prácticamente será el mismo que en 2020.
El documento advierte la preocupación que existe al interior de la
institución sobre la disminución de 11.8% en los recursos destinados
a investigar delitos relacionados con la delincuencia organizada,
mientras que las carpetas de investigación por estos delitos apenas
se redujeron 5% entre 2019 y 2020 en un contexto de crisis sanitaria.
Por su parte, los recursos destinados a la operación de la Guardia
Nacional aumentaron de 3,974 a 35,672 millones de pesos de 2020 a
2021. Sin embargo, esta alza se debe a la reasignación o redistribución
entre distintos ramos presupuestales, como es el caso de los recursos
asignados a la Policía Federal en años pasados.
Francisco Rivas señaló que a la fecha, no se ha publicado la evaluación
de diseño del programa presupuestal de la Guardia Nacional lo
que impide saber los resultados de la institución. En consecuencia,
sentenció, esto puede generar falsas expectativas sobre su efectividad
y gestión interna.
El estudio enfatiza que aún cuando es necesario aumentar el nivel
de gasto para que esté en línea con el referente internacional de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es
necesario que la estrategia de seguridad sea coherente, de lo contrario
se corre el riesgo de malgastar los recursos. En este sentido, el ONC
recomendó mejorar los mecanismos de instrumentación, planeación
y evaluación de “programas prioritarios” en materia de seguridad
pública para sustentar la toma de decisiones de las autoridades.
Hallazgos:
