La relación entre Estados Unidos y México va a cambiar a partir del próximo 20 de enero cuando asuma la presidencia Joe Biden ganador indiscutible de la pasada elección. Por cierto la más auditada en la historia de ese país.
De entrada la relación no inicia bien ante la negativa del presidente López Obrador de reconocer, como lo hizo la comunidad internacional, el triunfo del demócrata y dar crédito, con su actitud, a las falsas denuncias de fraude electoral por parte del presidente Trump.
Estudiosos de las relaciones entre los dos países plantean que la posición del presidente mexicano, que califican de un grave error, supone un costo político para él y su administración que está obligado a reparar.
El nuevo presidente estadounidense conoce bien a México mientras que el mexicano desconoce a los Estados Unidos en lo físico, solo ha estado tres o cuatro veces, pero sobre todo en su historia, cultura y política.
En 2012, Biden, como vicepresidente de Obama, visitó México y se reunió con los candidatos a la presidencia. En esa ocasión se reunió con López Obrador a quien entregó, como a los otros contendientes, un documento sobre las prioridades de la administración demócrata en su relación con nuestro país.
Los especialistas en la relación entre ambos países asumen que Mexico no está, en el corto plazo, entre los temas prioritarios de la política exterior del demócrata.
Y también coinciden en señalar que a diferencia de la administración del presidente Trump la agenda será compleja y abarcará muchos temas. Incluso plantean la posibilidad de que pueda ser una relación tensa.
La nueva agenda contempla el tema de la migración, pero con cambios notables. Habrá de ser semejante a la política de Obama. Se va a favorecer la regularización de los jóvenes que contempla el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
Y derogar medidas antimigrantes como el programa “Quédate en Mexico”, al que se sometió López Obrador, y también la trágica separación de menores de sus familias. Se van a mantener las deportaciones masivas.
El narcotráfico y el crimen organizado volverán a ocupar un espacio relevante en la agenda. Y se va a dar en el horizonte de un clima de desconfianza de lo que en ese tema hacia las actuales autoridades mexicanas.
Estará también presente el tema de la violación de los derechos humanos por parte de instancias del gobierno y el de la política, que incluye el funcionamiento de la democracia y sus instituciones. El respeto a la división de poderes y los órganos autónomos.
Las nuevas autoridades estadounidenses serán exigentes, en el marco del T-MEC, del cumplimiento de las leyes laborales y de los compromisos en materia ambiental. Y cuidadosas en que se garantice la certidumbre jurídica, para los inversionistas estadounidenses.
La nueva política implica también que no habrá insultos, descalificaciones, amenazas y desplantes autoritarios como lo hizo Trump. Habrá certidumbre y el gobierno mexicano sabrá siempre a qué atenerse. ¿Cuál será la actitud de López Obrador y su administración? ¿Será un interlocutor de la dimensión que exige la agenda bilateral?
Twitter: @RubenAguilar
