Organismos internacionales como la CEPAL, la OIT, OCDE y el Banco Mundial, proponen a México que para que el país recupere un millón de empleos perdidos, logre que la economía crezca por encima del 5% del PIB y saque a más de 10 millones de mexicanos que cayeron en pobreza extrema a causa de la pandemia, adoptar las siguientes medidas.

Apoyos fiscales y crediticios directos a las MiPymes, otorgar flexibilidad a los esquemas de contratación laboral y tener el mismo marco laboral que los socios comerciales, certeza jurídica para la inversión nacional y extranjera, subsidios a la transferencia y desarrollo de tecnología y generar cadenas de producción con empresas orientadas al comercio exterior.

Por ejemplo, la OCDE en el documento Las Perspectivas Económicas para AL, sugiere incrementar el apoyo económico directo a personas y empresas para mitigar efectos del Covid-19; dar facilidades para obtener y desarrollar tecnologías digitales; y, fomentar la cooperación entre empresas y hacer una reforma fiscal integral donde se incorporen a la economía formal millones de personas que están en la informalidad.

El Banco Mundial en documento oficial, considera que México debe emprender una reforma fiscal para enfrentar la informalidad en la economía, así como flexibilizar los esquemas laborales en condiciones similares a las que existen en Norteamérica y países europeos. También debe promover esquemas de contratación flexible de modo que se prevenga el aumento del empleo informal.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que la falta de certidumbre para la inversión, así como de programas de estímulos fiscales para las empresas, son factores determinantes para la pérdida de puestos de trabajo.

La Cepal propone mantener e incrementar estímulos fiscales y monetarios en los sectores productivos; favorecer la generación de empleos formales e innovación tecnológica orientada a la reactivación de la economía; otorgar financiamiento a MiPymes e incentivar la cooperación Internacional.

El sector privado, a través de los organismos empresariales como la COPARMEX, Concanaco, Canacintra y Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG) y otros, ha señalado públicamente que el gobierno de México debe hacer un esfuerzo extraordinario de concertación política con empresarios y sindicatos a fin de generar políticas públicas que den confianza y certidumbre a la inversión nacional y extranjera.

Ha propuesto que los estándares laborales que existen en México sean similares a los que tienen nuestros principales socios comerciales de Norteamérica, pero también en Asia y Europa, particularmente en los temas de subcontratación. El país no debe tener ni esquemas rígidos, ni más flexibles de lo que existen en otras economías, siempre respetando los derechos de los trabajadores.

Han recomendado también que, en este año político electoral, donde se define el control de la Cámara de Diputados, se abone en favor del diálogo y no de la polarización. El país demanda propuestas, diálogo y políticas públicas que generen el crecimiento económico superior al 5% y saquen de la pobreza extrema a más de 20 millones de mexicanos.

La generación de empleo, bien remunerado y que respete la legalidad, es la tabla de salvación, coinciden tanto los organismos internacionales como el sector empresarial del país.