En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mantenemos firme nuestro compromiso de permanecer vigilantes y actuantes para que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones constitucionales de garantizar, a todo el pueblo, el derecho a la salud, el acceso universal y gratuito, de conformidad con la Política Nacional de Vacunación Contra el Virus SARS-CoV-2, Para la Prevención de la Covid-19 en México.

Desde el inicio de la pandemia, la CNDH ha orientado todos sus esfuerzos en atender las denuncias y quejas de las personas que han visto vulnerados sus derechos humanos, especialmente el de acceso universal a servicios de salud de calidad y en igualdad, luego de que la Secretaría de Salud y el Gobierno de la República publicaran, primero el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el 24 de marzo de 2020, y luego el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el 31 de marzo del mismo año.

Como lo hemos señalado, las autoridades de los tres órdenes de gobierno son las primeras obligadas en procurar las condiciones que garanticen el derecho a la salud de todas las mexicanas y los mexicanos, principalmente de quienes se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad. Sabemos de su compromiso y las acciones emprendidas para mitigar los impactos negativos, especialmente la pérdida de vidas y los efectos económicos; sin embargo, lo económico no debe anteponer la vida de las personas, especialmente de las más vulnerables.

Sin descuidar otras labores sustantivas y hechos violatorios de derechos humanos que actualmente acontecen, este Organismo trabaja en diversas quejas presentadas en contra de la Secretaría de Salud, específicamente en contra de las instituciones públicas de salud, como el IMSS o ISSSTE, gestionando con ellas la respuesta más expedita a los requerimientos de las víctimas, trabajando muy de cerca de estas, acompañándolas en sus demandas, siempre procurando velar por su interés superior.

Por todo lo anterior, no cesaremos en la búsqueda de reparación de daños a quienes, afectados por la pandemia, también hayan sido víctimas de negligencia médica o de violencia institucional.