El Instituto Nacional Electoral (INE), el pasado 7 de septiembre dio el banderazo de salida del proceso electoral federal 2021. Todos los ciudadanos inscritos en el listado nominal electoral, estamos invitados a participar con nuestro voto el primer domingo de junio del año próximo.
Las elecciones (federales y locales) serán el mayor reto no sólo para el INE, sino para el alrededor de 95 millones de electores, de los cuales, un millón 480 mil serán funcionarios de las 164 500 casillas que habrá. Ese día estarán listos para recibir a los ciudadanos, verificar que su credencial electoral sea vigente, entregarles las boletas para los distintos cargos en disputa, cuidar la secrecía del sufragio con el correspondiente depósito en las urnas y, lo más importante, contabilizar los votos para que se cuente su participación, todo lo anterior en el complejo marco de una pandemia que sin duda cambiará las reglas de participación.
Dada la relevancia de los más de 21 mil cargos en disputa (sí, leyeron bien), que incluyen la renovación de la Cámara de Diputados Federal, 15 gobiernos estatales, mil 63 diputaciones en 30 Congresos Locales y 1,926 ayuntamientos que incluyen a los miembros del cabildo, es fundamental tener información precisa sobre el desarrollo de la jornada electoral.
La tarea no es menor, porque -debemos reconocerlo- tenemos severas fracturas en el tejido social. La polarización es evidente y los riesgos también, si no se cuidan los procedimientos y las intromisiones indebidas.
Los electores debemos apostar y exigir que la autoridad cumpla, simple y sencillamente, con la ley; que reduzca al mínimo todo tipo de peligro y procure, por la vía institucional y pacífica, el cambio de las distintas autoridades.
Me permito comentar algunos factores que podrían colapsar la credibilidad de las instituciones electorales y, de paso, de los millones de participantes en la jornada electoral:
1.- Se debe garantizar la existencia de mecanismos exhaustivos para detectar y castigar a los partidos políticos que reciban “aportaciones” -así las llaman en Palacio Nacional-, ilícitas, por más bueno y noble que sea el propósito y… los beneficiarios. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) es clara al detallar cómo pueden tener acceso (fondear) el trabajo político-electoral y las campañas políticas. Ningún instituto político (sea del gobernante en turno, como es el caso de Morena), poderosos ex presidentes o incluso ex dirigentes magisteriales deben tener licencia de impunidad. Es sorprendente la forma en que algunos partidos o agrupaciones reciben donaciones de todo tipo.
- Los electores tenemos la responsabilidad de informarnos sobre lo que se hizo en el pasado y lo que acontece en el presente para pensar en lo que más conviene a México y a la población entera. No debemos permitir que nos vendan promesas que no se puedan cumplir, para evitar una futura decepción, algo así como que nos den gato por liebre. Rechacemos la infodemia, que no es otra cosa que propagar noticias falsas.
En esta lógica de trovador moderno, preocupado por el pasado, presente y futuro electoral, considero fundamental contar con información precisa sobre los distintos candidatos, en particular los que aspiren a la reelección; revisar los perfiles, saber si son chapulines (según la jerga mexicana, aquellos políticos que saltan de partido en partido para buscar cargos de representación, sin distingo de colores).
- El Consejo General del INE debe, cuanto antes, poner un freno a la intromisión presidencial, porque es muy peligrosa para mantener su credibilidad como árbitro electoral. De ser necesario, los propios ciudadanos debemos exigir que el titular del Ejecutivo saque manos, pecho (porque no es bodega) y voz de las elecciones. Además de irresponsable, puede ser muy costoso para nuestra vida democrática.
A fin de cuentas, diga lo que diga o decida lo que decida el Consejo General del INE, será muy criticado desde Palacio Nacional desde donde, sin el mayor recato ni respeto, se busca a toda costa jugar en la cancha democrática (electoral), lo cual, además de desafortunado, es ilegal. De alguna forma, hay que hacerle entender que, por el bien de los electores, debe guardar prudente silencio y mantenerse al margen durante todo el proceso electoral.
En fin, me parece que todos estamos llamados a participar, reflexionar, alejados de la confrontación, polarización, descalificaciones y resentimientos y estar dispuestos a elegir a quienes procuren el bien común.
Lic. Luis Navarro Sancho
