Por Alberto Pérez Blas
El país atraviesa un verdadero proceso de cambio en las formas y el fondo de hacer y entender la política. Debemos reconocer que la fuerza electoral con la cual el voto ciudadano dotó a Andrés Manuel López obrador para su mandato al frente del Ejecutivo Federal, al otorgarle la mayoría en las cámaras de senadores y diputados, abrió una puerta impensada para la modificación estructural del andamiaje jurídico del sistema constitucional mexicano de manera legal, aunque ilegítima, en términos del objetivo último de dichas reformas. La aplicación de su mayoría leal en ambas cámaras ha permitido su obsesión por debilitar los límites que la constitución establece al poder presidencial y la vigencia de un sistema de contrapesos que garantizan la división de poderes en beneficio de un sistema democrático.
El empleo de estas mayorías se ha realizado al margen de la ética política y republicana que podría esperarse de un presidente que aspira a ganar un lugar memorable en la historia del país, así la intención de modificar la ley para ajustar ésta a necesidades particulares como el nombramiento de personajes cercanos a los afectos del presidente en órganos autónomos del Estado que se encontraban impedidos para ello por la ley vigente (recuérdese el grosero episodio de la designación de Paco Ignacio Taibo II en el Senado de la República ) y la modificación de atribuciones de los mismos para sujetarlos a la autoridad presidencial. Estas acciones han propiciado escenarios donde cualquier manifestación de oposición o resistencia al desmantelamiento o subordinación de la autonomía de gestión de los organismos autónomos es sometida a un acoso público e ilegal. La intención final de este acoso público ha sido el neutralizar la función de estos organismos, cuya autonomía permitía la contención de acciones de la administración pública Central, la comisión reguladora de energía es un ejemplo de este hecho.
Mención aparte merece el asedio del que ha sido objeto el Instituto Nacional Electoral(INE), garante de elecciones legítimas, así como el ejercido sobre el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de datos personales (INAI) y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), los cuales han sido cuestionados por diversos dirigentes de MORENA, integrantes del gabinete legal y el propio Ejecutivo Federal, quienes argumentan que sus funciones podrían ser absorbidas por dependencias de la administración pública, porque ahora, éstas últimas, están presididas por “funcionarios honestos”. Las versiones públicas de estas intenciones y juicios de valor están registradas en los medios de comunicación por si llegase a existir duda de tal despropósito.
Hoy, el poder legislativo paga en carne propia su sumisión al presidente. La abyección exigida para hacer realidad las demandas presidenciales sobre otras Instituciones, les exige hoy renunciar a sus facultades exclusivas en materia hacendarias y contribuir con ellas al nuevo poder presidencial, así la cámara se prepara para modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para facilitar al presidente el manejo a su discreción de los recursos públicos sin la molesta intervención del Congreso. La ingenua consideración de la iniciativa de reforma, que ahora tendrán que digerir la mayoría de los diputados de Morena, que establece la consideración de que el Presidente haría uso de dichos poderes en caso de emergencia económica, no alcanza para cubrir la trascendente responsabilidad histórica que hoy enfrentan.
La construcción de un poder imperial, aunque esté revestido de constitucionalidad, es un hecho. El único dique eficiente para frenar su culminación es la elección intermedia del 2021, sin embargo habría que responder a lo siguiente: ¿Con qué oposición electoral y política?, ¿cuál es la visión de país a construir en medio de la peor tormenta económica de las últimas décadas?, ¿cómo curar las heridas sociales y apartarlas del espejismo autoritario?
Efectivamente la nación está en juego.
