México necesita datos confiables de los tres órdenes de gobierno para poder desarrollar política pública con base en evidencia. Más allá de premisas ideológicas, cualquier toma de decisiones en el ámbito gubernamental debe estar basada en datos y contener un sustento teórico y técnico que permita implementar disposiciones adecuadas.
En México hemos logrado construir un andamiaje institucional de primer nivel para el desarrollo de información confiable. Muestra de ello son el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que han sido internacionalmente reconocidos por su capacidad y excelencia para medir aspectos económicos y sociales críticos para la política pública.
El CONEVAL es el organismo autónomo encargado de evaluar la política social y de medir la pobreza a nivel nacional. Sus análisis estadísticos han permitido a los diferentes niveles de gobierno identificar qué programas sociales han funcionado, cuáles son ineficaces y cómo se podrían mejorar. Su trabajo nos ha capacitado para visualizar las zonas más rezagadas del país en términos de desarrollo económico y construir políticas públicas que las apoyen de forma estratégica.
El INEGI ha sido un motor incansable para captar y difundir información de México en cuanto al territorio, los recursos, la población y economía que permiten conocer las características del país. Los datos del INEGI han permitido tener una visión más amplia de México en ámbitos tan diversos como la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y la Encuesta Nacional de Juventud (ENJUVE), pasando por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y la Encuesta Nacional Ingreso Gasto en los Hogares (ENIGH).
Más aún, el trabajo conjunto de CONEVAL e INEGI ha sido pieza clave para construir la definición de pobreza multidimensional que actualmente dicta la política social en México. Dicha medición, una concepción de vanguardia internacional, ha permitido que se conozcan las zonas con mayores carencias en el país y dónde se necesita focalizar la atención para impulsar el desarrollo económico de estas zonas. Es así como México ha logrado ser uno de los países con mediciones más detalladas de pobreza.
A pesar de ello, algunas de las decisiones presupuestales del gobierno federal conllevan el alto riesgo de atentar directamente contra la capacidad operativa de esos organismos de alto nivel.
El INEGI, por ejemplo, al inicio del año fue víctima de un recorte de 500 millones de pesos con lo cual quedó impedido para la realización de 14 encuestas entre las que destacan la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), el Censo Agropecuario, la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), y la Encuesta Nacional de Gasto en los Hogares (ENGASTO), por mencionar algunos.
Más recientemente el gobierno federal había solicitado al CONEVAL ajustes draconianos, como el recorte de un 20% las plazas de estructura, eliminar los puestos de todos los funcionarios que operan como directores e impedir la contratación de servicios externos. Esto implicaba, de facto, impedir su operación prácticamente por completo. Al parecer, en el último momento el gobierno reculó ante la presión pública.
Para México es crucial la defensa de CONEVAL y el INEGI, dado que han sido las dos principales instituciones que han permitido a nuestro país generar política pública basada en evidencia
Con una población tan heterogénea como la que tiene México, la generación de datos robustos es fundamental para identificar y resolver los problemas que aquejan al país. La evaluación de programas sociales es esencial para saber si las políticas públicas están siendo eficaces. Ello permite focalizar el gasto público en las áreas en las que éste puede tener mayor impacto en mejorar las condiciones del país.
Ahorros sin sentido
Mantener un presupuesto adecuado de operación para el INEGI y el CONEVAL ha sido un elemento clave para su éxito en la generación de datos confiables. Los recursos otorgados a estas instituciones han permitido el desarrollo de un profesionalismo y especialización que es, hoy en día, un ejemplo de calidad para toda la administración pública.
Los ahorros que el gobierno pretende obtener por medio de recortes presupuestales a instituciones encargadas de evaluar política púbica son contraproducentes pues no se basan en un análisis caso a caso de las necesidades de cada organismo, sino en instrucciones sin sustento que afectan de raíz la capacidad del Estado mexicano.
Para el caso del CONEVAL, aparentemente el gobierno reculó en la implementación de recortes, pero no por una buena planeación sino solo por la presión pública.
Es claro que de continuar con la implementación de estos recortes se eliminaría la capacidad del Estado mexicano para evaluarse y con ello, la posibilidad de generar eficacia en la política social. Lo que no se mide, no se puede mejorar
La visión del gobierno es cortoplacista pues sin el CONEVAL se pierde la capacidad para crear mayores ahorros. Identificar qué programas han logrado sus objetivos y cuáles no, lo cual es un elemento clave para la planeación presupuestaria. Los diagnósticos del CONEVAL, por ejemplo, fueron insumos para reducir el gasto de gobierno durante el presupuesto base cero que intentó desarrollar la administración anterior.
Conclusión
En Coparmex hemos expresado nuestro apoyo al ejercicio de austeridad del gobierno federal, pero exigimos que las decisiones se basen en una mejor planeación. La austeridad brindará mejores resultados si se basa en evidencia; esa combinación generaría un mejor gobierno, con resultados más sólidos en especial para los mexicanos que menos tienen.
Desde COPARMEX exigimos que los recortes al gasto se implementen con extremo cuidado para no crear daños al funcionamiento institucional mexicano. Los organismos que construyen información relevante en este país deben ser preservados y alentados a que sigan continuando con su labor.
Así mismo, urgimos que el gobierno tome decisiones con base en evidencia empírica y no por convicciones personales. Tenemos una profunda convicción de que una política que esté medida correctamente es una política perfectible.
Exigimos que se respete la autonomía de gestión y financiera de la constelación de instituciones que nos permiten tomar decisiones de política pública con base en evidencia empírica, y no en suposiciones personales o concepciones ideológicas. Los recortes deben estar bien planeados, no sólo responder al vaivén de la opinión pública.
