Sheinbaum defiende cambios a la reforma judicial
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¿Por qué modificaron el modelo de elección de juzgadores?
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respaldó las modificaciones aprobadas a la reforma del Poder Judicial y desestimó los señalamientos de la oposición que acusan un retroceso en el método de selección. La mandataria argumentó que los ajustes legislativos optimizan la participación del electorado y robustecen la democracia interna. De este modo, la jefa del Ejecutivo federal sostuvo que la valoración de los perfiles para jueces, magistrados y ministros debe considerar los vicios del viejo esquema de designación vertical.
Ajustes técnicos para facilitar la votación
El gobierno federal niega inducción del voto en urnas
Frente a las críticas por el uso de anotaciones o “acordeones” durante los comicios previos, la Presidenta aclaró que la complejidad de las boletas y el gran volumen de aspirantes forzaron a la ciudadanía a recurrir a guías personales. Por consiguiente, las autoridades ministeriales diseñaron las enmiendas actuales para simplificar las plantillas de votación y evitar confusiones en los distritos. Asimismo, los comités evaluadores reducirán la cantidad de candidatos elegibles e implementarán exámenes de conocimientos obligatorios.
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Por otra parte, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, confirmó la publicación de tres decretos en el Diario Oficial de la Federación tras el periodo extraordinario en el Congreso. Entre los puntos neurálgicos, la funcionaria detalló los siguientes aspectos:
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Calendario electoral: La elección de juzgadores se posterga oficialmente del año 2027 al 2028 para impedir empalmes con los procesos locales y federales.
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Filtros de seguridad: Se establece una herramienta voluntaria para que las fuerzas políticas cotejen datos de inteligencia contra la infiltración delictiva en las planillas.
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Intervención extranjera: El nuevo marco normativo constitucional faculta la anulación de elecciones cuando se demuestre cualquier injerencia del exterior.
Finalmente, el gobierno federal aclaró que el Instituto Nacional Electoral (INE) no asumirá facultades de fiscalización policiaca sobre la integridad de las candidaturas, manteniendo sus atribuciones estrictamente administrativas. Con estas precisiones vigentes, el gabinete presidencial descarta retrocesos y proyecta certidumbre en la reestructuración jurídica del país.
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