Sin electricidad no hay transición
Por Leopoldo Martínez Nucete
En Venezuela se discute la transición como si se tratara únicamente de un acuerdo político, una elección competitiva, el levantamiento de sanciones, una negociación de deuda o el retorno de la inversión petrolera. Por supuesto todo lo anterior es la fundación y marco urgente del proceso. Pero hay una pregunta elemental, concreta y más implacable: ¿con qué electricidad va a funcionar el país que queremos reconstruir?
Sin electricidad confiable no hay transición posible. No hay hospitales funcionando con normalidad. No hay agua bombeada a los hogares. No hay telecomunicaciones estables. No hay industrias reabiertas. No hay petróleo recuperado. No hay escuelas, comercios, puertos, aeropuertos, bancos, tribunales ni administración pública operando con regularidad. No hay inversión privada seria que pueda comprometer capital productivo en un país donde encender una planta, refrigerar alimentos o sostener una línea de producción depende de la suerte.
El colapso eléctrico venezolano no es una anécdota técnica. Es una radiografía del colapso del Estado. Durante años, el país acumuló centralización, opacidad, corrupción, falta de mantenimiento, congelamiento tarifario, destrucción de capacidades profesionales, politización de empresas públicas y ausencia de datos confiables. El resultado fue una paradoja dolorosa: una nación con enormes recursos energéticos convertida en un país eléctricamente pobre.
Venezuela no llegó a esta crisis porque estuviera condenada a la precariedad eléctrica. Durante décadas tuvo uno de los sistemas eléctricos más sólidos, integrados y ambiciosos de América Latina: una plataforma hidroeléctrica de escala continental en el Bajo Caroní, una red de transmisión que conectaba grandes centros de generación con los principales polos urbanos e industriales, y empresas técnicas con conocimiento profesional reconocido en la región. Por eso el colapso actual es más grave y más revelador. No cayó un sistema débil; fue degradado un activo nacional construido por generaciones. La politización, la centralización, la falta de mantenimiento, la corrupción, el congelamiento tarifario, la pérdida de talento y la destrucción institucional convirtieron una fortaleza estratégica de Venezuela en uno de los principales obstáculos para su recuperación.
Esa historia importa porque evita una lectura fatalista. La electricidad venezolana no fracasó por falta de recursos, geografía o capacidades originales. Fracasó por gobernanza. Y, por la misma razón, su recuperación no puede reducirse a comprar equipos, reparar plantas o levantar financiamiento. Venezuela necesita reconstruir el sistema físico, pero también la lógica institucional que lo sostiene: profesionalismo, transparencia, inversión, regulación, responsabilidad operativa y protección social.
La transición venezolana, por tanto, no puede dejar el tema eléctrico para después. Debe colocarlo en el centro. Pero hacerlo bien exige abandonar las frases generales. No basta decir que hay que “recuperar el sistema eléctrico”. Hay que distinguir entre generación, transmisión y distribución, porque cada una tiene una magnitud distinta, una prioridad distinta y una solución distinta.
En generación, el problema no es anunciar capacidad instalada. Venezuela ya ha conocido demasiados anuncios de megavatios nominales que nunca se tradujeron en electricidad real. El objetivo debe ser recuperar capacidad efectivamente disponible: plantas termoeléctricas viables, respaldo operativo, generación modular, uso de gas asociado y soluciones distribuidas para cargas críticas. La prioridad no debe ser la grandilocuencia de nuevos megaproyectos, sino electricidad despachable, medible y útil.
Venezuela depende excesivamente de su sistema hidroeléctrico, especialmente del Bajo Caroní. Esa base hidroeléctrica fue una fortaleza histórica, pero se convirtió en vulnerabilidad cuando el respaldo termoeléctrico se deterioró, las redes de transmisión perdieron resiliencia y el sistema dejó de recibir mantenimiento confiable. Guri no puede seguir siendo tratado como una fuente infinita e infalible. La recuperación exige diversificación, respaldo térmico, generación distribuida y una relación más inteligente entre electricidad, gas y petróleo.
En transmisión, la prioridad es aún más estratégica. La transmisión es el sistema nervioso del país. Venezuela puede recuperar generación, pero si no puede transportar esa energía desde los centros de producción hasta los grandes centros de consumo, el sistema seguirá siendo vulnerable. Líneas de alta tensión, subestaciones, transformadores, sistemas de protección, despacho y seguridad física deben tratarse como infraestructura crítica nacional. Una falla de transmisión puede convertir generación disponible en electricidad inútil y un problema localizado en un apagón regional o nacional.
Por eso la transmisión no debe ser fragmentada irresponsablemente. Debe ser rehabilitada, profesionalizada, protegida y regulada con visión de seguridad energética. Allí puede haber contratos privados de obra, mantenimiento, financiamiento y asistencia técnica, pero la red troncal debe conservar una lógica nacional, coordinada e independiente de intereses particulares. La transmisión es demasiado estratégica para improvisaciones.
En distribución, en cambio, se juega la vida cotidiana. Allí el apagón deja de ser estadística y se convierte en casa sin luz, hospital sin respaldo, comercio cerrado, nevera dañada, escuela paralizada, barrio sin agua y ciudadano sin respuesta. Por eso la distribución debe ser el foco principal de la descentralización y la participación privada. No como privatización salvaje ni como entrega opaca de activos, sino como reorganización territorial del servicio: concesiones regionales, operadores privados bajo contrato, empresas mixtas, municipalización regulada, cooperativas y microredes donde corresponda.
La transmisión debe permanecer como columna vertebral nacional. La generación debe abrirse progresivamente a inversión, autogeneración y competencia regulada. Pero la distribución debe acercarse al ciudadano. Allí se puede medir calidad del servicio, reducir pérdidas, reconstruir facturación, reparar transformadores, mejorar atención al usuario e introducir subsidios focalizados. Allí la reforma eléctrica se convierte en legitimidad democrática.
La transición deberá entender que no todo puede ni debe decidirse desde Caracas. Una red de distribución en Zulia no enfrenta exactamente los mismos desafíos que una red en Caracas, Carabobo, Guayana, Anzoátegui, Nueva Esparta, los Andes o los Llanos. Hay zonas urbanas densas, zonas petroleras, zonas industriales, zonas rurales, zonas turísticas y comunidades aisladas. Un modelo único y centralizado sería repetir una de las causas del fracaso. La distribución debe reorganizarse por territorios, con metas de inversión, estándares de calidad, protección de usuarios y mecanismos de rendición de cuentas.
Esa descentralización eléctrica también debe abrir espacio a soluciones intermedias, regionales y adaptadas a la geografía venezolana. No todo debe esperar la recuperación completa del sistema nacional ni depender de grandes plantas centralizadas. En estados andinos como Mérida, Táchira o Trujillo, por ejemplo, puede existir potencial para pequeñas y microcentrales hidroeléctricas asociadas a ríos, caídas de agua, canales o infraestructuras existentes, capaces de abastecer localidades, servicios públicos, sistemas de agua, centros de salud, universidades o circuitos rurales. No se trata de romantizar soluciones pequeñas ni de sustituir a Guri, sino de aprovechar la geografía para darle resiliencia local al país.
Experiencias como la del País Vasco en España muestran que la pequeña hidráulica puede formar parte de una arquitectura energética descentralizada, con minicentrales de agua fluyente o a pie de presa integradas al territorio. Venezuela debería estudiar esa lógica con seriedad, especialmente en regiones andinas y rurales donde la distancia del sistema troncal, la fragilidad de la distribución o la disponibilidad de recursos hídricos pueden justificar soluciones locales. Cada proyecto exigiría estudios técnicos, ambientales e hidrológicos rigurosos, pero la idea de fondo es correcta: la transición debe pensar en redes nacionales y también en soluciones de proximidad.
Lo mismo aplica a otras regiones. En zonas con alta radiación solar, techos industriales, instalaciones públicas, hospitales, escuelas, estaciones de bombeo, telecomunicaciones y comunidades aisladas pueden beneficiarse de sistemas solares con baterías. En áreas con buen recurso eólico —incluyendo zonas costeras, peninsulares o insulares— pueden evaluarse proyectos eólicos medianos o pequeños, especialmente combinados con almacenamiento. La pregunta no debe ser si Venezuela será hidroeléctrica, térmica, solar o eólica. La pregunta correcta es qué combinación permite estabilizar más rápido el servicio, reducir presión sobre el sistema nacional y proteger al ciudadano.
Una transición inteligente no escogería entre el sistema nacional y la generación local. Haría ambas cosas. Rehabilitaría transmisión, recuperaría generación térmica viable y protegería Guri, pero al mismo tiempo impulsaría microredes, autogeneración, pequeña hidráulica, solar distribuida, baterías y soluciones regionales. Esa combinación puede devolverle a Venezuela algo que hoy perdió: resiliencia. Un país eléctricamente resiliente no depende de un solo embalse, una sola línea, una sola empresa ni una sola decisión tomada desde Caracas.
Pero hay otro punto decisivo: la recuperación petrolera e industrial no puede recargar un sistema eléctrico colapsado. Sería un error que la reapertura productiva del país se limite a conectar nuevas demandas al Sistema Eléctrico Nacional. Cada gran proyecto petrolero, gasífero, minero, petroquímico o industrial debe traer consigo su propia solución eléctrica, total o parcial.
Venezuela quema y ventea gas que podría convertirse en electricidad. Ese gas no debe seguir disipándose mientras el país sufre apagones. Debe capturarse, tratarse y usarse para generación local en campos petroleros, estaciones de bombeo, refinerías, mejoradores y complejos industriales. Esto es sentido común económico, ambiental y estratégico.
Los campos petroleros pueden usar generación modular a gas. Las refinerías y mejoradores pueden avanzar hacia cogeneración. Las zonas industriales pueden organizar microredes. Las estaciones de bombeo de agua, telecomunicaciones, puertos y aeropuertos deben contar con respaldo dedicado. La recuperación productiva debe ser parte de la solución eléctrica, no una carga adicional sobre un sistema exhausto.
La regla debería ser categórica: ningún nuevo proyecto petrolero, minero o industrial de alto consumo debe recibir carga significativa del sistema nacional sin presentar un plan propio de suministro, eficiencia energética o compensación de capacidad. PDVSA, la petroquímica, la minería, los grandes parques industriales y las infraestructuras logísticas deben generar, cogenerar, ahorrar y estabilizar demanda. Si la industria quiere energía, también debe ayudar a producirla o financiarla.
Esto no significa abandonar al Sistema Eléctrico Nacional. Significa protegerlo. El sistema nacional debe priorizar hogares, hospitales, agua, comercio, pequeñas empresas, servicios esenciales y estabilidad sistémica. Las grandes cargas productivas deben ser tratadas de manera diferenciada, con reglas claras, contratos privados, autogeneración, venta de excedentes y supervisión técnica. El país no puede reconstruir su economía sacrificando de nuevo la vida cotidiana de los ciudadanos.
La transición también deberá enfrentar el problema tarifario con responsabilidad. Venezuela no puede reconstruir su electricidad sobre la ficción de que el servicio no cuesta. Pero tampoco puede imponer tarifas reales de golpe sobre una sociedad empobrecida. La solución es gradualidad, medición, subsidios focalizados y transparencia. Quien pueda pagar, debe pagar progresivamente una tarifa razonable. Quien no pueda, debe recibir protección explícita del Estado. Lo que no puede continuar es un sistema donde nadie paga, nadie invierte, nadie mantiene y nadie responde.
Esta es una discusión incómoda, pero inevitable. Sin facturación no hay mantenimiento. Sin mantenimiento no hay servicio. Sin servicio no hay legitimidad. Y sin legitimidad, cualquier transición perderá rápidamente capital político. La electricidad no puede seguir siendo financiada por la opacidad, la improvisación o el deterioro silencioso de los activos públicos.
La electricidad es también una cuestión de soberanía. En las últimas décadas se destruyó capacidad nacional mientras se proclamaba independencia. Se centralizó sin profesionalizar. Se estatizó sin mantener. Se subsidió sin financiar. Se invirtió sin rendir cuentas. Se politizó lo técnico. Se ahuyentó talento. Se ocultaron datos. El resultado fue dependencia, precariedad y apagones.
Una transición democrática debe hacer exactamente lo contrario: técnica, datos, regulación, inversión, descentralización, rendición de cuentas y protección social. No se trata de sustituir un monopolio estatal opaco por privilegios privados opacos. Se trata de construir un sistema regulado, transparente y funcional.
La agenda debería comenzar con medidas concretas. Es inaplazable crear -en el marco del acuerdo nacional de transición al que hemos referido en entregas anteriores- una unidad de emergencia y recuperación eléctrica con mandato técnico, auditoría independiente y datos públicos. Debe identificarse el estado real de generación, transmisión y distribución. Deben priorizarse hospitales, agua, telecomunicaciones, puertos, combustible y ciudades críticas. Debe mapearse el gas asociado disponible para generación. Deben lanzarse pilotos de autogeneración petrolera, microredes industriales, soluciones solares para cargas críticas, pequeña hidráulica en regiones andinas y concesiones de distribución. Debe abrirse un régimen transitorio para inversión privada, cogeneración, contratos bilaterales y generación distribuida.
En el primer año, Venezuela debe recuperar capacidad termoeléctrica viable, rehabilitar líneas y subestaciones críticas, instalar generación dedicada en campos petroleros, iniciar cogeneración en refinerías y mejoradores, proteger sistemas de agua y telecomunicaciones, restablecer medición en grandes usuarios, diseñar subsidios focalizados e impulsar proyectos descentralizados de rápida ejecución. En tres a cinco años, el país debe tener un regulador independiente, Corpoelec reestructurada, distribución regionalizada, generación privada y distribuida, transmisión modernizada, mercado mayorista gradual y una política integrada de electricidad, gas, petróleo y renovables.
La recuperación eléctrica no será barata, y por ello es imprescindible retomar el financiamiento multilateral para estos fines. Tampoco será rápida. Pero sí puede ser ordenada, transparente y visible. Y sobre todo, puede convertirse en una de las primeras señales de que la transición no es solo un cambio de discurso, sino un cambio en la vida diaria.
Venezuela necesita elecciones libres, instituciones legítimas, justicia, reconciliación, inversión y reinserción internacional. Pero también necesita luz. Necesita que los hospitales funcionen. Que el agua llegue. Que las industrias produzcan. Que las refinerías no se detengan por fallas eléctricas. Que los niños estudien. Que los comercios trabajen. Que las familias dejen de organizar su vida alrededor del próximo apagón.
La electricidad no es un capítulo técnico de la transición. Es su primera prueba material. Un país no se reconstruye solo con acuerdos políticos; se reconstruye también con servicios que funcionan. La transición venezolana deberá demostrar, desde el comienzo, que puede devolverle al ciudadano no solo la soberanía del voto, sino también la dignidad elemental de una vida con luz.
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