La toma del Poder Judicial y el muro de Washington

Gildardo Lopez Hernández

La propuesta de modificación a la reforma judicial presentada por el gobierno de Claudia Sheinbaum en mayo de 2026 permite observar con mucha mayor claridad hacia dónde se dirige realmente el proceso político iniciado durante el sexenio de López Obrador. La discusión pública sigue atrapada en la superficie del debate —la elección popular de jueces, las boletas electorales, la reducción de candidaturas o la complejidad operativa del proceso—, pero el fondo del asunto se encuentra en otro lugar. Lo que empieza a consolidarse es un intento mucho más profundo de reorganizar el equilibrio del Estado mexicano mediante la integración gradual del Poder Judicial dentro del nuevo arreglo político construido por Morena. Y es precisamente ahí donde comienza a levantarse el muro de Washington.

La reforma judicial original nunca trató únicamente de democratizar la justicia. Esa narrativa funcionó políticamente para legitimar el proyecto frente a amplios sectores sociales, pero desde el inicio existía un objetivo mucho más estructural: reducir la autonomía política y funcional que el Poder Judicial había acumulado durante las últimas décadas. Desde la reforma judicial de 1994, la Suprema Corte y buena parte de la judicatura federal dejaron gradualmente de ser simples órganos técnicos de resolución de controversias para convertirse también en espacios efectivos de control constitucional capaces de limitar decisiones estratégicas del Ejecutivo y de las mayorías legislativas. Energía, regulación económica, fiscalidad, órganos autónomos, telecomunicaciones, seguridad y procesos electorales terminaron inevitablemente atravesando tribunales con capacidad real de condicionar el ejercicio del poder político.

Esa autonomía comenzó a convertirse en una tensión estructural con el proyecto político del obradorismoconforme Morena fue consolidando control territorial, legislativo y electoral. Para el régimen, el Poder Judicial empezó a representar el último gran espacio institucional que permanecía relativamente fuera de su lógica política. Por eso la reforma judicial siempre implicó algo más que un rediseño administrativo o electoral: suponía la necesidad de modificar la relación histórica entre el poder político y la judicatura mexicana.

La iniciativa presentada en 2026 no modifica esa lógica; lo que refleja es que el régimen entendió que la toma política del Poder Judicial no podía ejecutarse de manera abrupta sin generar costos potencialmente inmanejables. La elección judicial masiva planteaba riesgos evidentes de desorden electoral, baja legitimidad, dispersión de candidaturas y deterioro creciente de confianza institucional. Pero el problema más delicado no era operativo, sino estratégico. La implementación precipitada de la reforma comenzaba a proyectar hacia dentro y hacia fuera la imagen de un sistema judicial políticamente intervenido, técnicamente debilitado y crecientemente incierto en un momento particularmente sensible para México.

Por eso las modificaciones introducidas ahora resultan tan relevantes. La creación de la Comisión Coordinadora, los filtros de evaluación, la reducción de candidaturas, el aplazamiento de la elección judicial a 2028 y el fortalecimiento de los mecanismos disciplinarios muestran que el régimen parece haber comprendido que para terminar de incorporar al Poder Judicial dentro de su nuevo equilibrio de poder necesitaba construir un modelo mucho más administrable y sofisticado.

El desplazamiento más importante ocurre precisamente ahí. La atención pública continúa concentrándose en el voto popular, cuando en realidad la transformación más profunda empieza a trasladarse hacia las etapas previas y posteriores a la elección: la definición de perfiles elegibles, los mecanismos de evaluación, los criterios de disciplina institucional y la construcción de incentivos bajo los cuales operará el nuevo aparato jurisdiccional. La discusión ya no gira únicamente alrededor de quién votará por los jueces, sino alrededor de quién determinará las condiciones bajo las cuales esos jueces accederán, permanecerán y ejercerán el poder.

La homologación de poderes judiciales locales, el fortalecimiento del Tribunal de Disciplina Judicial y los mecanismos permanentes de capacitación y evaluación terminan de confirmar esa lógica. La reforma ya no parece orientarse exclusivamente a modificar la integración de ciertos órganos federales; comienza a perfilarse como una reorganización sistémica del aparato jurisdiccional mexicano bajo parámetros mucho más centralizados y políticamente funcionales al nuevo bloque dominante.

El problema para el régimen es que este proceso coincide con un cambio profundo en la manera en que Estados Unidos observa hoy a México. La revisión del T-MEC, el nearshoring, la competencia estratégica con China, la crisis del fentanilo y el endurecimiento de la política de seguridad estadounidense terminaron integrando economía, seguridad, crimen organizado y estabilidad institucional dentro de una misma lógica geopolítica regional. Washington ya no separa con claridad asuntos comerciales, judiciales, financieros y de seguridad. Todos comienzan a formar parte de una sola lectura estratégica sobre América del Norte.

Ese endurecimiento se ha vuelto visible desde hace meses en audiencias ante el Congreso estadounidense, posicionamientos de la DEA, declaraciones del Departamento de Justicia y discusiones cada vez más agresivas dentro del aparato de seguridad norteamericano. El artículo reciente del New York Times simplemente terminó exhibiendo públicamente algo que ya venía construyéndose: la creciente disposición de ciertos sectores estadounidenses a tratar la relación entre crimen organizado y estructuras políticas mexicanas como un problema de seguridad nacional y no solamente como un fenómeno criminal convencional.

Particularmente reveladora resulta la afirmación atribuida al vicefiscal general adjunto Aakash Singh respecto de la necesidad de “triplicar” las causas penales contra funcionarios mexicanos utilizando incluso legislación antiterrorista. Más allá de la dimensión mediática de esa declaración, el mensaje político resulta profundamente significativo porque refleja una modificación en la forma en que Washington comienza a conceptualizar el problema mexicano. La preocupación ya no parece limitarse al combate contra organizaciones criminales específicas; empieza a extenderse hacia la percepción de que determinadas estructuras políticas e institucionales mexicanas podrían encontrarse condicionadas o penetradas por dinámicas criminales de carácter sistémico.

Y es justamente ahí donde aparece el muro de Washington.

Porque desde la perspectiva estadounidense, la discusión sobre la reforma judicial mexicana deja de ser únicamente democrática o constitucional. Se vuelve funcional y estratégica. Estados Unidos necesita un México capaz de garantizar estabilidad regulatoria, certidumbre jurídica, cooperación financiera y capacidad institucional suficiente para sostener cadenas regionales de suministro, atraer inversión y procesar redes criminales complejas dentro de un entorno económico profundamente integrado a Norteamérica. Bajo esa lógica, cualquier percepción de debilitamiento de autonomía judicial o de subordinación política del aparato jurisdiccional adquiere inmediatamente una dimensión mucho más sensible.

La paradoja para Morena es enorme. El régimen necesita avanzar en el control político del Poder Judicial para consolidar definitivamente el nuevo equilibrio interno del Estado, pero simultáneamente necesita evitar que esa transformación detone un deterioro severo de inversión, confianza financiera, estabilidad económica y relación bilateral con Estados Unidos. Por eso la propuesta presentada en 2026 debe entenderse menos como una rectificación y más como un intento de sofisticar institucionalmente el proceso, administrarlo políticamente y volverlo internacionalmente tolerable.

Sin embargo, el entorno internacional parece haberse movido más rápido que la propia reforma. Bajo la nueva lógica de seguridad hemisférica estadounidense, la autonomía judicial mexicana dejó de ser solamente un asunto interno. Comienza a convertirse también en una variable estratégica dentro de la disputa por la estabilidad futura de América del Norte. Y en ese contexto, el verdadero problema para el régimen ya no consiste únicamente en tomar el control político del Poder Judicial, sino en determinar hasta dónde puede hacerlo antes de encontrarse de frente con el muro de Washington.

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