LA REACTIVACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN. UNA NUEVA ETAPA DE COORDINACIÓN
ALBERTO GÁNDARA RUIZ ESPARZA
PRESIDENTE DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
Ya hemos destacado que la fiscalización superior es uno de los instrumentos más relevantes del control parlamentario y de la rendición de cuentas.
Su evolución, particularmente a partir de la transformación institucional que dio origen a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 1999-2000, ha estado acompañada de reformas constitucionales y legales que en su momento han buscado fortalecer su alcance, dotarla de mayores capacidades técnicas y consolidar un entramado institucional capaz de combatir eficazmente la corrupción. Sin embargo, no todas las reformas han sido del todo útiles o convenientes.
El Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) surgió como una herramienta institucional de coordinación, pero hasta la fecha no ha sido plenamente aprovechado y permanece prácticamente inactivo desde 2021.
El SNF fue concebido como un espacio de coordinación interinstitucional que integrara a los distintos entes encargados de la fiscalización en México, tanto en el ámbito federal como en el local.
Su origen se remonta a 2010-2014, pero tuvo un rediseño con la reforma constitucional en materia anticorrupción de 2015, materializada en-2017, cuando se le incorporó como un subsistema del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Su finalidad de origen es articular esfuerzos, homologar criterios técnicos, fortalecer capacidades institucionales y evitar duplicidades o vacíos en la fiscalización de los recursos públicos para convertirse en el eje técnico-operativo que permita que la fiscalización en México funcione como un verdadero sistema de coordinación, y no como una suma aislada de instituciones.
Es decir, las bondades del SNF son evidentes desde su creación pues generar estándares comunes de auditoría resulta indispensable en un país con un modelo federal como lo es México, donde coexisten una entidad fiscalizadora superior federal y treinta y dos entidades locales con marcos jurídicos distintos.
La posibilidad de homologar metodologías, criterios de revisión, formatos de informes y procesos de seguimiento no solo contribuiría a elevar la calidad técnica de las auditorías, sino también a hacer comparables los resultados en todo el territorio nacional.
Esta uniformidad es clave para identificar patrones de irregularidades, medir el desempeño institucional y fortalecer la transparencia.
El SNF ofrece en teoría una plataforma para el intercambio de información entre autoridades fiscalizadoras quienes con una coordinación efectiva pueden compartir hallazgos, alertas tempranas, mejores prácticas y experiencias, lo que potenciaría la capacidad de detección de irregularidades y reduciría los espacios de opacidad.
Sabemos que los recursos públicos fluyen entre distintos niveles de gobierno a través del gasto federalizado y por ello, la falta de comunicación entre instancias fiscalizadoras genera vacíos e incertidumbre jurídica que son aprovechadas para cometer actos de corrupción.
La posibilidad de fortalecer las capacidades técnicas de los entes locales de fiscalización a través de esquemas de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento institucional en donde la ASF funja como ente rector impulsando el desarrollo profesional y metodológico de las auditorías estatales ha sido también desaprovechado.
Otra de las bondades del SNF que han sido desaprovechadas, es la posibilidad de hacer una distribución más eficiente de las cargas de trabajo.
La fiscalización de los recursos públicos en México es una tarea muy extensa por lo que ha faltado liderazgo y visión para que la ASF coordine esfuerzos con los entes locales, mediante convenios de colaboración que permitan ampliar la cobertura de auditorías y evitar la concentración excesiva de funciones de la propia ASF.
Este modelo de coadyuvancia es importante desde una perspectiva operativa, pero también resulta acorde al principio federalista que rige la organización del Estado mexicano.
Por ello también en este mismo espacio hemos propuesto la posibilidad de que se emita una Ley General de Fiscalización Superior que establezca las bases, metodología y acciones en la materia y que además se armonice con la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).
Pese a todas estas bondades, el Sistema Nacional de Fiscalización ha permanecido prácticamente inactivo por la falta de coordinación entre la Auditoría Superior de la Federación y los entes de fiscalización superior locales potenciado con la decisión de la ASF de no renovar los convenios de colaboración que permitían a las entidades locales coadyuvar en la fiscalización de recursos federales
La problemática de la fiscalización de los recursos federales, especialmente de las participaciones, a partir de la reforma constitucional de 2015 donde la ASF asumió la facultad de fiscalizar directamente estos recursos, ya sea de manera autónoma o en coordinación con los entes locales ha generado vacíos legales e impunidad por la falta de certeza e incertidumbre jurídica respecto de las auditorías realizadas por los entes locales en materia de participaciones federales, al considerarse que podrían estar viciadas de ilegalidad.
Es evidente que la ASF no cuenta con la capacidad operativa suficiente para auditar de manera exhaustiva la totalidad de los recursos ejercidos en los estados y municipios, lo que genera vacíos de fiscalización que se traducen en impunidad.
Recientemente comienza a verse la oportunidad para la reactivación del SNF con la llegada del nuevo titular de la ASF, quien abrió la posibilidad de replantear las relaciones institucionales con los entes locales y de retomar el camino de la coordinación en una reunión sostenida con las y los titulares de los entes de fiscalización superior locales.
Este encuentro, puede interpretarse como una señal de apertura y de disposición al diálogo.
La reconstrucción de los canales de comunicación es un paso indispensable para superar las diferencias acumuladas en los últimos años y para sentar las bases de una nueva colaboración efectiva.
La reactivación del SNF es necesaria e implica retomar los convenios de coordinación, establecer agendas de trabajo conjuntas, definir objetivos claros y medibles, y generar mecanismos de seguimiento y evaluación de resultados.
También requiere fortalecer la transparencia del propio sistema, haciendo públicos sus programas de trabajo, sus acuerdos y sus avances, de manera que la ciudadanía pueda conocer y evaluar su desempeño.
Además, la reactivación del SNF debe ir acompañada de una reflexión amplia sobre el modelo de fiscalización superior en México.
Es necesario revisar la distribución de competencias, clarificar los alcances de la fiscalización de los recursos federales y avanzar hacia una mayor armonización normativa que reduzca las inconsistencias entre las legislaciones federal y estatales.
En este proceso, el SNF puede desempeñar un papel central como espacio de coordinación y de construcción de acuerdos para plantear una reforma de gran calado.
Estamos ante la oportunidad histórica de reactivar el SNF, ojalá que exista voluntad política, visión institucional y compromiso con la rendición de cuentas. Al tiempo.
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