Una reflexión sobre la reforma electoral que viene
Cuando la confianza económica se decide en las urnas
Hoy me reuní con un grupo de empresarios en el marco de un seminario sobre economía, TMEC y geopolítica, para conversar sobre la reforma electoral que empieza a delinearse en el debate público. Se trataba de explicar los alcances institucionales de lo que se discute y, sobre todo, su impacto económico. Salí de esa reunión con una conclusión nítida: la preocupación empresarial es mayor, más profunda y más extendida de lo que muchos anticipábamos.
No se trata de ideología ni de afinidades partidistas. Se trata de expectativas, riesgo y decisiones de largo plazo. En economía —como en los mercados financieros— la certidumbre es un activo, y esa certidumbre no empieza en los tribunales; empieza en la urna. Un sistema electoral creíble es la primera garantía de estabilidad institucional, y sin estabilidad no hay inversión sostenible.
México ha construido su sistema electoral a lo largo de décadas precisamente para procesar el conflicto político sin poner en riesgo la gobernabilidad, ni la economía. Las reglas que permiten recoger fielmente el voto, procesar el mandato ciudadano y habilitar la alternancia han funcionado como una válvula de seguridad. Cuando el desempeño del gobierno es bueno, el ciudadano refrenda; cuando no lo es, corrige. Esto es lo que disciplina al poder y reduce el riesgo sistémico.
De la conversación con los empresarios surge un consenso: la alternancia no es un lujo democrático; es un mecanismo económico de corrección. Cuando existe, el poder se esfuerza por gobernar mejor. Cuando se debilita, el incentivo cambia y la apropiación del poder se vuelve racional desde el punto de vista político, aunque devastadora desde el punto de vista económico.
Uno de los temas que más inquietud generó fue el de la sobrerrepresentación legislativa. Hoy tenemos un Congreso donde una coalición obtuvo alrededor del 54 % de los votos, pero controla cerca del 75 % de los escaños. Esa distorsión no es un tecnicismo electoral, es una alteración profunda del equilibrio de poderes. Gracias a esa mayoría artificial se impulsó, entre otras cosas, la reforma judicial, debilitando contrapesos y restando herramientas legales a los empresarios para litigar frente al Estado y frente a particulares.
Desde la óptica empresarial, esto tiene consecuencias inmediatas. Un inversionista evalúa no sólo la rentabilidad esperada, sino la capacidad real de defender sus derechos. Cuando la división de poderes se erosiona, la prima de riesgo sube. No porque exista un conflicto concreto hoy, sino porque el seguro institucional frente a conflictos futuros se encarece o desaparece.
La discusión no se quedó ahí. Surgieron preocupaciones adicionales que revelan la dimensión del problema. La seguridad y el control territorial por parte de grupos delictivos; la intromisión de recursos de procedencia ilícita en procesos electorales; la compra de voluntades y la captura de gobiernos locales. Todo esto no es ajeno a la economía. Impacta directamente el clima de negocios, encarece la operación, distorsiona la competencia y genera zonas del país donde invertir se vuelve simplemente inviable.
Cabe señalar que toda reforma puede ser positiva, y por supuesto una electoral. No se trata de sacralizar instituciones ni congelarlas. Pero el problema —y esta fue una inquietud reiterada en la mesa— es que lo que hoy se perfila no parece orientado a mejorar la calidad democrática, sino a cerrar mecanismos de participación, limitar la alternancia y consolidar ventajas estructurales del partido en el poder.
Si el objetivo fuera fortalecer el sistema electoral con una lógica de crecimiento y estabilidad, la discusión estaría en otro lado. Estaría, primero, en cerrar el paso al dinero ilícito en campañas, fortaleciendo la fiscalización y las sanciones. Estaría en garantizar la neutralidad gubernamental, evitando que el aparato del Estado se convierta en maquinaria electoral. Estaría en asegurar una representación legislativa proporcional pura, donde cada voto valga lo mismo y la integración de las cámaras refleje con fidelidad la voluntad ciudadana. Y estaría en eliminar las coaliciones electorales previas, permitiendo acuerdos sólo después de que el electorado ya habló, no antes.
Nada de esto es radical. Al contrario, es institucionalmente conservador. Son reglas que reducen incertidumbre, bajan el riesgo país y permiten transiciones ordenadas. Son las reglas que los mercados entienden y valoran.
En la reunión quedó claro que el empresariado no está pidiendo privilegios ni protección política. Está pidiendo reglas claras, árbitros fuertes y elecciones creíbles. Está pidiendo que el sistema electoral siga cumpliendo su función básica: procesar el conflicto político sin contaminar la economía.
La conversación con esta comunidad empresarial deja una señal inequívoca: existe una preocupación genuina y profunda sobre el rumbo que puede tomar la reforma electoral. No por lo que dice el discurso público, sino por lo que implican sus efectos acumulados.
Porque cuando la alternancia se debilita, el poder se apropia. Cuando el voto deja de ser efectivo, la confianza económica se erosiona. Y cuando las reglas electorales pierden credibilidad, el crecimiento sostenible se vuelve inviable.
La democracia no es sólo un valor cívico. Es un activo económico. Reduce riesgos, ordena expectativas y permite corregir sin romper. Por eso, la discusión sobre la reforma electoral no puede tratarse como un asunto técnico o partidista. Es, en el fondo, una discusión sobre el tipo de economía que queremos y el tipo de país en el que vale la pena invertir.
