La ley del más fuerte vs. Derecho Internacional
Por Ricardo Peralta
El 3 de enero de 1990 concluyó el régimen de Manuel Antonio Noriega tras la invasión estadounidense a Panamá conocida como Operación Causa Justa. No fue un proceso jurisdiccional internacional ni una transición interna, sino el uso directo de la fuerza militar, posteriormente legitimado por un relato moral. A más de tres décadas, el episodio sigue planteando una pregunta central para el orden mundial: ¿Cuándo la fuerza sustituye al derecho y quién autoriza ese reemplazo?
Desde entonces, la supuesta caída de un dictador suele presentarse como una victoria ética incuestionable. El discurso es eficaz porque apela a valores universales, pero el derecho internacional no fue diseñado para premiar causas justas, sino para contener el poder y limitar el uso de la fuerza, incluso cuando esta se invoca en nombre del bien. Su función no es absolver regímenes, sino preservar reglas comunes.
El núcleo del problema no es el gobierno que se busca derrocar, sino el precedente que se normaliza. Cuando se acepta que la intervención militar es un instrumento legítimo para cambiar gobiernos, la soberanía deja de operar como límite jurídico y se transforma en una variable política. Hoy se justifica en nombre de la libertad; mañana bastará hablar de elecciones incómodas, seguridad regional o intereses estratégicos. El derecho internacional pierde entonces su carácter normativo y se convierte en argumento circunstancial.
La no intervención no equivale a pasividad ni a complicidad. Es una construcción doctrinal destinada a proteger a los Estados —sobre todo a los más débiles— frente al ejercicio discrecional del poder. Renunciar a ella no debilita a los autoritarismos; fortalece a quienes deciden unilateralmente cuándo intervenir y cuándo guardar silencio.
A este riesgo se suma la pasividad selectiva de las potencias. Se actúa con determinación donde conviene y se toleran violaciones graves donde resulta costoso intervenir. Esta doble vara erosiona la credibilidad del sistema internacional y vacía de contenido a la legalidad, que deja de ser regla para convertirse en herramienta política.
En este contexto debe entenderse la condena de México y la postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo frente a cualquier intervención en Venezuela. No se trata de una defensa de gobiernos específicos, sino de una posición estratégica coherente con la tradición latinoamericana de política exterior: preservar la no intervención como condición mínima para la estabilidad regional y la vigencia del derecho internacional.
La pregunta decisiva no es si un gobernante merece caer, sino quién decide el momento, el medio y las consecuencias. La experiencia histórica demuestra que provocar la caída —real o supuesta— de un régimen es relativamente sencillo; reconstruir instituciones, legalidad y paz es la tarea verdaderamente compleja.
Cada ruptura de las reglas incrementa el riesgo sistémico para la paz mundial. Normalizar la fuerza abre ciclos de escalamiento que terminan afectando a toda la comunidad internacional. Defender el derecho frente a la ley del más fuerte no es idealismo: es una decisión política y estratégica. Porque cuando el derecho cede, lo que queda no es justicia, sino poder.
