La derecha en contra de la historia latinoamericana
Por: Ricardo Peralta
La historia política de las naciones no avanza en línea recta; se mueve por ciclos. A lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, gobiernos de izquierda y de derecha se han alternado en el poder como respuesta a crisis económicas, rupturas sociales, guerras, transformaciones culturales y agotamientos de modelos. Europa ofrece ejemplos claros: la socialdemocracia de Willy Brandt en Alemania dio paso al largo ciclo conservador de Helmut Kohl; en España, el socialismo de Felipe González fue sucedido por la derecha de José María Aznar; en Francia, François Mitterrand antecedió a Jacques Chirac y más tarde emergió Emmanuel Macron como expresión del liberalismo político. América Latina ha seguido el mismo péndulo: Brasil transitó de LuizInácio Lula da Silva a Jair Bolsonaro y volvió a Lula; Argentina pasó del peronismo de Néstor y Cristina Kirchner al ultraliberalismo de Javier Milei; Chile alternó entre Sebastián Piñera y Gabriel Boric. Estos vaivenes no son anecdóticos: reflejan tensiones estructurales entre mercado y Estado, entre desigualdad y redistribución, entre derechos sociales y concentración del poder económico.
Sin embargo, en México la derecha no puede entenderse únicamente como una opción ideológica dentro de ese ciclo. Su origen histórico, su desarrollo político y su ejercicio del poder la colocan en contradicción con la propia construcción del Estado nacional. Desde el nacimiento de México como país independiente, los movimientos conservadores se opusieron a la república, al federalismo y al Estado laico. Defendieron el centralismo, el poder clerical y los privilegios heredados del orden colonial. Las guerras civiles del siglo XIX no fueron simples disputas partidistas: fueron luchas fundacionales entre un proyecto liberal que buscaba soberanía, igualdad jurídica y ciudadanía, y un conservadurismo que apostaba por el control religioso, la desigualdad legal y la dependencia externa.
Esa confrontación alcanzó uno de sus momentos más oscuros en las guerras cristeras de la década de 1920. Bajo una bandera religiosa se levantaron grupos armados contra el Estado mexicano, provocando más de 90 mil muertes, desplazamientos forzados y una profunda fractura social. Aquella derecha no luchaba por libertades individuales, sino por preservar privilegios históricos. Desde entonces, el conservadurismo mexicano se reconfiguró en lo electoral, pero jamás abandonó su resistencia estructural al Estado social, a la redistribución de la riqueza y a los derechos colectivos.
Ese mismo sustrato ideológico reapareció con fuerza en el cambio de siglo. Los gobiernos del Partido Acción Nacional, encabezados por Vicente Fox Quesada (2000–2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006–2012), marcaron uno de los periodos de mayor retroceso institucional en la historia reciente del país. En materia de seguridad, el saldo fue devastador. Durante el sexenio de Calderón, la llamada “guerra contra el narcotráfico” dejó más de 120 mil homicidios dolosos, miles de personas desaparecidas y una militarización sin precedentes de la vida pública. La percepción de inseguridad superó el 70 % de la población, y amplias regiones del territorio quedaron bajo disputa criminal.
En corrupción, los resultados tampoco fueron alentadores. México descendió de manera constante en los índices internacionales de percepción de corrupción, mientras se consolidaba un modelo de colusión entre poder político y poder económico. La violencia se normalizó, las violaciones a derechos humanos se multiplicaron y el Estado perdió capacidad de control territorial. El deterioro de la confianza ciudadana fue profundo y la desigualdad social se agravó, dejando a millones fuera de cualquier red de protección pública.
En contraste, los proyectos progresistas en América Latina han demostrado que el bienestar social no es un discurso, sino una política pública medible. En Brasil, Lula sacó de la pobreza a más de 30 millones de personas; en Bolivia, Evo Morales redujo de manera significativa la desigualdad y fortaleció la soberanía económica; en Uruguay, el Frente Amplio consolidó un Estado social moderno. En México, los últimos años han marcado un punto de quiebre histórico. Los programas sociales universales —pensiones para adultos mayores, apoyos a personas con discapacidad, becas para jóvenes, transferencias directas a comunidades marginadas— han generado un bienestar generalizado en sectores que durante décadas fueron ignorados por el Estado.
A ello se suman obras públicas de gran calado que redefinen el desarrollo nacional: infraestructura ferroviaria, corredores logísticos estratégicos, rescate del sector energético, inversión histórica en el sur-sureste y una política salarial que ha elevado el poder adquisitivo de millones de trabajadores. Estos avances se reflejan en indicadores claros: reducción de la pobreza, fortalecimiento del mercado interno y mayor cohesión social.
El avance de la derecha en América Latina, como se observa hoy en varios países, no puede analizarse con ligereza. No se trata de negar la alternancia democrática, sino de advertir que la derecha regional ha mostrado una constante: su incapacidad para gobernar con justicia social. Su modelo privilegia la concentración de la riqueza, debilita al Estado, criminaliza la pobreza y subordina las decisiones nacionales a intereses externos. En sociedades marcadas por profundas desigualdades, ese camino solo amplifica la fractura social.
En México, la derecha es una contradicción histórica. Lo es por su origen, vinculado al conservadurismo clerical y a la negación del Estado laico; lo es por su trayectoria, marcada por episodios de violencia, exclusión y retrocesos institucionales; y lo es por su choque frontal con una identidad nacional forjada en la lucha social, la Revolución, el reparto agrario, el sindicalismo y la construcción de derechos colectivos. La historia mexicana no se explica desde el privilegio, sino desde la resistencia organizada.
Por ello, el avance de la derecha en América Latina debe leerse como una advertencia y no como un destino inevitable. En México, la memoria histórica, la cultura popular y la experiencia social han demostrado que los proyectos de justicia social no solo son deseables, sino necesarios. La derecha puede avanzar coyunturalmente, pero siempre estará en tensión con la esencia misma de la historia latinoamericana: una historia construida desde abajo, marcada por la lucha, la dignidad y la emancipación social.
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