Senado avanza en reformas contra la extorsión

Comisiones aprueban cambios al dictamen

Las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron modificaciones al proyecto de decreto en materia de combate a la extorsión. La decisión se tomó con treinta y tres votos a favor. Ahora, la minuta regresará a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo.

La reforma eleva la pena mínima a quince años y fija un máximo de veinticinco años. El ajuste representa un aumento importante en comparación con los seis a quince años previstos en la versión original. Los cambios se concentraron en el primer artículo de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.

Motivos y enfoques de la reforma

Las comisiones indicaron que estos ajustes buscan evitar beneficios para personas que ya cumplen sentencias por este delito. También explicaron que la reforma responde a la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y sanción.

El dictamen incorpora la obligación de que las autoridades actúen con pleno respeto a los derechos humanos. Este punto no aparecía en la versión anterior. Además, establece que las fiscalías federales y locales deberán contar con unidades especializadas y personal certificado en investigación de extorsión.

Mientras estas áreas se integran, las unidades contra secuestro asumirán temporalmente las investigaciones correspondientes. Según el análisis legislativo, esta medida permitirá mantener la continuidad operativa mientras se formalizan las nuevas estructuras.

Aumentos de penas y nuevas obligaciones

La reforma define incrementos adicionales en situaciones específicas. Los servidores públicos o personal penitenciario que faciliten o permitan la comisión de extorsión enfrentarán penas de quince a veinticinco años más un aumento de tres a cinco años adicionales.

Además, quienes tengan atribuciones de prevención o procuración de justicia y omitan denunciar este delito recibirán sanciones que van de diez a veinte años de prisión.

El dictamen también establece castigos de seis a doce años por introducir dispositivos electrónicos sin autorización en centros penitenciarios. La medida se aplica a aparatos que permitan transmitir datos, voz, geolocalización o imágenes mediante telefonía, radiofrecuencia o tecnología similar.

Destino de los recursos asegurados

La propuesta señala que los recursos obtenidos por abandono, decomiso o extinción de dominio relacionados con delitos de extorsión deberán dirigirse de forma preferente a la restitución de los derechos de las víctimas. Con esta disposición, el Senado busca fortalecer el acompañamiento institucional hacia las personas afectadas.