La Suprema Corte protege el ahorro de los trabajadores y pone freno a comisiones excesivas de las AFORE: Yasmín Esquivel
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, bajo la ponencia de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, un amparo en revisión relacionado con la constitucionalidad del artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR). Con esta decisión, el Máximo Tribunal avaló los límites que la ley impone a las comisiones cobradas por las AFORE, garantizando una mayor protección a los recursos de los trabajadores.
La resolución confirma que las comisiones no podrán rebasar el máximo establecido por la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), como lo dispone la reforma de 2020. Esta medida busca asegurar que el dinero de los trabajadores se administre con criterios de justicia y responsabilidad.
Durante la discusión del asunto, la Ministra Esquivel Mossa destacó que el Sistema de Ahorro para el Retiro fue diseñado con una finalidad eminentemente social, por lo que no puede regirse únicamente bajo las reglas del libre mercado. Subrayó que los fondos de los trabajadores constituyen un patrimonio destinado a garantizar una vejez digna y deben estar libres de prácticas abusivas.
“El sistema de pensiones no puede concebirse como un espacio de competencia sin límites. Su esencia es la protección social y, en consecuencia, el bienestar de las personas trabajadoras debe prevalecer sobre cualquier interés económico”, enfatizó la Ministra.
El caso se originó a partir de un amparo promovido por una administradora de fondos que cuestionó los topes a las comisiones, alegando que se vulneraban principios de libertad económica. No obstante, la Corte concluyó que dichos límites no representan una restricción inconstitucional, sino una herramienta legítima del Estado para proteger los derechos de seguridad social y evitar abusos en el manejo del ahorro individual.
Con esta resolución, la SCJN reafirma su compromiso con la justicia social y la defensa del patrimonio de los trabajadores mexicanos, garantizando que las instituciones financieras operen bajo criterios de equidad, transparencia y responsabilidad.
