Granjas porcinas contaminan agua con E. coli en Yucatán
Contaminación detectada en diferentes municipios
En al menos diez comunidades mayas de Yucatán, vecinos y activistas denunciaron la grave contaminación del agua potable por desechos de granjas porcinas. Estudios realizados por el Laboratorio de Ecología Microbiana de la UNAM confirmaron la presencia de bacterias coliformes y E. coli en pozos y sistemas entubados de municipios como Chocholá, Kopomá, Kinchil, Maxcanú, Santa Teresa, Paraíso, Santa María Chi, San Fernando y San Rafael.
De manera paralela, la Universidad John Hopkins de Estados Unidos aplicó un marcador genético que comprobó la presencia de materia fecal de cerdos, sin rastros de contaminación proveniente de humanos ni de fauna silvestre. Activistas advirtieron que esta situación representa un riesgo sanitario directo para niñas, niños y adultos mayores, considerados los sectores más vulnerables.
Fallos judiciales sin cumplimiento
La abogada y activista Lourdes Medina Carrillo recordó que en 2023 autoridades como la Profepa y la Semarnat reconocieron la existencia de más de 500 granjas porcinas en Yucatán, aunque menos de diez cuentan con autorización de impacto ambiental. Según señaló, las comunidades ya no buscan nuevos diagnósticos, sino que exigen la intervención de autoridades federales para detener la contaminación y hacer cumplir las resoluciones judiciales.
Un ejemplo es la granja de Pecuaria Peninsular en Santa María Chi, que sigue funcionando a pesar de que en 2024 un juez federal ordenó su cierre. El representante vecinal Wilberth Nahuat Puc indicó que la empresa recibió sanciones administrativas y una multa de más de 14 millones de pesos, que aparentemente no se ha pagado. Sin embargo, el sitio continúa operando.
Consecuencias sociales y ambientales
Los pobladores denunciaron que la contaminación del agua afecta a estudiantes de escuelas primarias y a bebés, por lo que muchas familias se ven obligadas a comprar garrafones incluso para bañarlos, ya que el contacto con el líquido provoca ronchas en la piel. A esto se suma el fuerte olor que invade las viviendas e impide la vida cotidiana.
Asimismo, apicultores de Maxcanú señalaron que en 2019 perdieron la certificación de su miel orgánica debido a la cercanía de criaderos, lo que significó una pérdida de casi un millón y medio de pesos. De acuerdo con ellos, lo más grave no es la afectación económica, sino la amenaza a su relación ancestral con las abejas y la tierra.
Frente a esta situación, vecinos y activistas exigieron la aplicación de sanciones penales contra las empresas que desacatan órdenes judiciales. Además, denunciaron amenazas contra quienes alzan la voz en defensa del agua y del territorio.
