Ciudad de México, 23 de junio de 2025 – La escalada militar de Estados Unidos contra Irán, con recientes ataques a instalaciones estratégicas como Fordo, Natanz e Isfahán, no solo ha tensado los ánimos en Oriente Medio, sino que vuelve a poner sobre la mesa la presión de Washington sobre México, ahora bajo el mandato de Claudia Sheinbaum.
Según reportes, el gobierno del presidente Donald Trump, recientemente reelecto, lanzó bombas antibunker y misiles desde submarinos para neutralizar objetivos iraníes, argumentando que dichas acciones buscan “imponer la paz mediante la fuerza”. Trump incluso se burló del contraataque de Irán, calificándolo de “muy débil” y afirmó que se había avisado con antelación para evitar pérdidas estadounidenses.
Esta demostración de poder ha renovado las especulaciones sobre una posible intervención de Estados Unidos en territorio mexicano, bajo el argumento de combatir estructuras delictivas transnacionales. En el pasado, Trump ya había manifestado su disposición a ejecutar acciones directas o incluso enviar unidades tácticas a México, según revelaciones de su entonces secretario de Defensa, Mark Esper.
Por su parte, el gobierno de Sheinbaum ha reforzado la cooperación bilateral: se han llevado a cabo miles de detenciones vinculadas a redes delictivas, desmantelamiento de centros de operación ilícita y una aceleración de procesos de extradición, acciones que —según expertos— no se registraron con igual intensidad en la administración anterior. Aun así, persiste la presión por parte de Washington para que México autorice posibles intervenciones más agresivas, incluidas operaciones directas en su territorio.
El contexto es delicado: aunque en 2024 Estados Unidos logró reducir de forma significativa su crisis de salud pública vinculada a consumo de sustancias, México enfrenta aún las consecuencias humanas y sociales derivadas de la presencia de economías ilícitas en diversas regiones. Paralelamente, Trump ha incluido a seis agrupaciones criminales en la lista de organizaciones terroristas y ha impuesto aranceles del 25 % a productos mexicanos mediante la Ley de Poderes Económicos de Emergencia, en una acción que algunos analistas interpretan como presión comercial con fines estratégicos.
Expertos advierten que, tras la ofensiva reciente en Medio Oriente, la Casa Blanca podría buscar extender sus medidas extraterritoriales con el argumento de garantizar su seguridad nacional. Frente a este escenario, el gobierno de Sheinbaum enfrenta un desafío crucial: mantener una cooperación efectiva sin comprometer la soberanía nacional, y responder con resultados visibles que fortalezcan la posición de México en el ámbito internacional.
