El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha dado a conocer una propuesta que podría marcar un cambio histórico en el sistema de pensiones de México. Se trata de una nueva modalidad que permitiría a los trabajadores del sector público jubilarse a una edad más temprana, siempre que cumplan con 30 años de servicio.
Propuesta del ISSSTE: Una medida esperada por miles de trabajadores
La propuesta se basa en una reinterpretación del Artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE, el cual aplica exclusivamente a quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de abril de 2007. Este grupo tiene derecho a un régimen de pensión diferente al de cuentas individuales, más parecido al antiguo sistema solidario.
En este contexto, la medida pretende reducir la edad mínima de jubilación. Algunas fuentes señalan que la nueva edad para pensionarse sería a los 55 años, pero algunas otras indican que esta podría ser a los 56 años. Esto aún no queda claro, y podría cambiar en un futuro.
Los trabajadores que acumulen tres décadas de servicio ya no tendrían que esperar a cumplir 60 años para retirarse, como actualmente lo exige la norma.
¿Por qué es importante esta propuesta?
En una sociedad con una población que envejece y condiciones laborales cada vez más complejas, esta propuesta representa una respuesta a una demanda histórica del magisterio, personal de salud, administrativos y otros servidores públicos. Muchos de ellos ya cuentan con los años de cotización necesarios, pero han tenido que esperar a cumplir con el requisito de edad.
Además, esta medida permitiría:
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Mejorar la calidad de vida de los trabajadores, dándoles un retiro anticipado sin penalizaciones.
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Fomentar el relevo generacional en el empleo público, abriendo espacios para nuevas generaciones.
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Reconocer el esfuerzo acumulado a lo largo de décadas de servicio, priorizando la trayectoria laboral por encima de la edad cronológica.
¿Cuándo entraría en vigor?
Aunque el ISSSTE ya presentó esta propuesta, aún se encuentra en proceso de revisión tanto por parte del Congreso de la Unión como por autoridades del Instituto. Por ello, todavía no es una realidad aplicable, aunque ya ha recibido el respaldo de sindicatos y asociaciones laborales del sector público.
De aprobarse, la nueva modalidad podría implementarse de manera gradual y beneficiar a miles de trabajadores estatales en los próximos años.
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