En el Congreso local, el diputado Octavio Martínez Vargas (morena) propuso actualizar la cantidad diaria que se pagará por los derechos de uso de vías, plazas públicas, mercados públicos o áreas de uso común para realizar actividades comerciales o de servicios, de acuerdo al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

Durante sesión deliberante, el parlamentario resaltó que su propuesta para reformar el Código Financiero estatal ayudará a ofrecer mejores servicios públicos en cuanto a infraestructura, recolección de residuos, regulación del espacio público y seguridad, cuyo resultado sea un entorno comercial ordenado y sostenible, que reconozca, valorice y conserve los tianguis y mercados.

En este sentido, la propuesta plantea que para puestos fijos, semifijos o comerciantes ambulantes, por cada metro cuadrado o fracción, el pago de la UMA diaria pase de 0.18 (2.3 pesos) a 0.36 (4.6 pesos); en cuanto a los locales en mercados públicos municipales se mantendrá en 0.18, mientras que para máquinas accionadas por monedas, fichas o cualquier otro mecanismo, expendedoras de cualquier tipo de productos o prestadoras de servicio, se mantendrá el pago vigente por máquina, que es de 0.12 el valor del UMA (1.3 pesos).

El legislador explicó que su iniciativa considera que existe una desproporcionalidad entre el monto que pagan las personas comerciantes por concepto de derechos de uso de espacios públicos y los costos operativos de los servicios públicos asociados, situación que ha generado una brecha financiera que dificulta la atención eficiente de las necesidades del sector comercial y las demandas de la ciudadanía en general.

Añadió que el crecimiento de la actividad comercial, en el espacio público, ha acentuado el desgaste de la infraestructura urbana, por lo que este ajuste no debe entenderse como una carga, sino como una contribución equitativa que permitirá fortalecer la infraestructura y servicios públicos, fomentar la formalización y el orden comercial, promover la equidad contributiva e impulsar el bienestar económico sostenible y comunitario del Estado de México.

Al respecto, la diputada Yareli Anai Esparza Acevedo (PT) expresó su rechazo a la propuesta, al considerar que el incremento de cuotas afecta a la ciudadanía, especialmente en este tipo de puestos de comercio semifijo, porque las personas que se dedican a estas actividades son, en su mayoría, de bajos recursos económicos.