Por: Jesús Franco
El pasado 5 de febrero, la Presidenta Claudia Sheinbaum, atinadamente, envió una iniciativa al Congreso de la Unión para terminar con uno de los grandes males en la política mexicana: el nepotismo. Con esta, en resumen, se busca que a partir de 2030 se elimine la posibilidad de reelección en cargos de elección popular: diputados, senadores y presidentes municipales serían los “afectados”. De paso, en las elecciones intermedias del 2027 impediría que cónyuges, hijos, padres, hermanos y otros familiares cercanos puedan postularse para el mismo cargo de forma inmediata.
Sin embargo, Morena y sus aliados en la Cámara Alta y la Cámara Baja desoyeron las intenciones políticas de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Inmediatamente varios apellidos se vinieron a la mente del imaginario colectivo. Que si los Monreal, que si los Salgado, que si los López, que si (inserte el apellido de la familia cacique de su municipio o Estado). Las operaciones políticas fueron exitosas (al menos para los que se pasan el poder entre familiares, compadres y amigos): lograron que entre en vigor hasta el 2030, tiempo suficiente para ponerla en el congelador legislativo o irla modificando al gusto del poder en turno.
Como un paliativo indecente, Morena aclaró que ellos ajustarían sus estatutos internos para replicar la iniciativa y no permitir que entre familia o amigos se hereden cargos de elección popular.
Pero eso no basta para acabar con las redes de poder, y algunos casos corrupción, que han tejido personajes políticos. “Soy gente de tal”. Esa frase, que fácilmente podría ser comparada con las que se usan en el argot del crimen organizado, deja en claro los límites intrínsecos a los que se enfrenta algún político (de cualquier color) para entrar en ciertas esferas. Están tan marcadas las líneas de influencia que en no pocas ocasiones muchos deciden por hacerse a un lado o esperar y esperar y esperar a que “les toque” el momento de ser ungidos por el Sumo Político que encabeza la organización a la que pertenecen.
La reforma contra el nepotismo, en esencia, busca renovar los espacios que por décadas han sido ocupados por los mismos apellidos. Busca que en los municipios que a veces no figuran en el mapa electoral-mediático sean desterrados abuelas, abuelos, padres, hijas, hijos, esposos, esposas, hijas, hijas y cualquier otro parentesco que se hayan dedicado a crear franquicias familiares-políticas.
Congresos locales como el de Sonora, Baja California, Quintana Roo y Michoacán se han apurado a aprobar esta Reforma Constitucional. El Gobernador sonorense, Alfonso Durazo, aplaudió la aprobación de la iniciativa en su Estado enfatizando que es un “paso fundamental para fortalecer la transparencia y legitimidad en nuestro sistema político”. Pero…¿que no la legitimidad se gana en las urnas y luego se reafirma con el Buen Gobierno? ¿Qué no la transparencia se garantiza siguiendo al pie de la letra las leyes federales, locales así como manuales y reglamentos, por ejemplo, en temas de licitaciones o adjudicaciones?
Caer en la politiquería y aires triunfalistas es muy fácil. Ese lugar común en donde se dirá que gracias a esta iniciativa la política tendrá nuevos aires y bríos. La realidad es y será otra. Mientras los viejos líderes no se jubilen y dejen de ser “la mano que mece la cuna”, ellos decidirán quién pasa ala siguiente ronda o quién aparece en una boleta electoral.
Será hasta 2030 cuando se prohíba también la reelección de diputados federales, senadores, diputados locales, presidentes municipales, regidores y síndicos del ayuntamiento. Pero…¿cuándo llegará ese año o época donde la política deje de ser esa utopía y se convierta en un servicio de carrera y no de intereses? Veremos.
