Por Adriana Delgado Ruiz
Donald Trump cambió la política de seguridad pública mexicana. Las madres
estadounidenses le exigieron el compromiso de detener el tráfico de fentanilo y los
ojos voltearon hacia su frontera sur. El arresto del ‘Mayo’ Zambada abrió cloacas y
enardeció los ánimos. Para el habitante de la Casa Blanca se hizo imperativo
presionar cambios en el escenario político y el económico con México.
La presidenta, Claudia Sheinbaum, tiene clara la necesidad de una estrategia
contundente. 2025 inició con la entrada en vigor de la reforma constitucional que
quita a la Fiscalía General de la República la facultad exclusiva de abrir carpetas e
investigar delitos, lo que ahora también puede hacer la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana.
La SSPC se convirtió en una súper secretaría capaz de coordinar los esfuerzos de
todas las instituciones de seguridad en una estrategia única y operar la inteligencia
policial. La Guardia Nacional también tiene facultades de investigación de delitos
federales e incluso del fuero común en algunos casos, tanto en escenas de crimen
físicas como en vigilancia de contenidos de internet e intervención de
comunicaciones con orden judicial. Además puede actuar en aduanas, migración,
zonas fronterizas e incluso protección civil.
¿Funcionará este robustecimiento del sistema de seguridad pública? La estrategia
del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, muestra avances tangibles: el
operativo enjambre con la detención de funcionarios ligados al crimen organizado,
10 mil 148 arrestos en el país por delitos de alto impacto y más de 90 toneladas de
drogas decomisadas. El infierno en Sinaloa comienza a ceder. Manuel Clouthier,
empresario con una voz muy crítica del gobierno, percibe mayor claridad en la
táctica y la carretera Culiacán-Mazatlán más segura de transitar.
Así es como se están construyendo los argumentos para negociar la no imposición
de aranceles y las otras medidas radicales de Donald Trump que afectarían a su
propia economía pero mucho más a la de su vecino del sur.
La expectativa es alta y da esperanza considerando que los números actuales de
la impunidad son alarmantes. El estudio más reciente del Inegi, publicado en
octubre, dice que en un año se cometieron 31.3 millones de delitos, es decir, 33
mil 267 por cada 100 mil habitantes. Ilícitos de todo tipo que afectaron a 21.9
millones de víctimas, Mucho más que demasiados ¿no?
Peor aún, únicamente 10.4 de cada 100 delitos se denuncian, es decir, unos 3.25
millones. Todavía más, en sólo 68 de cada 100 de esos casos el ministerio público
o la fiscalía inició una carpeta de investigación pero únicamente el 11 por ciento de
ellas se han judicializado.
¿Qué nos dicen todos estos números sobre la posibilidad real de que una víctima
obtenga justicia? Que únicamente el 0.8 por ciento de todos los delitos que se
cometen en México llegan a litigio frente a un juez. ¿Tiene sentido entonces la
Reforma Judicial y todo el esfuerzo que implica organizar la elección popular de
jueces, magistrados y ministros si no se logra imponer un verdadero estado de
derecho que necesariamente implica que ningún delito quede sin resolución?
El trecho hacia un sistema de seguridad y justicia de la calidad y el tamaño que
requiere el país aún es bastante largo. Es necesario que la estrategia funcione.
Nuestra economía, bienestar y estado de derecho son lo que está en juego
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