Por: Raúl Contreras Bustamante
El concepto del Estado de derecho hace alusión al principio de gobernanza a través del cual gobernados y gobernantes se someten por igual a las leyes. Incluye, además, el propósito de procurar resolver los conflictos sociales por vías pacíficas y la prohibición expresa del uso de la violencia física para tratar de solucionarlos.
Otra característica es la reserva del Estado del monopolio del uso de la fuerza —sólo puede ejercerla en los términos de protocolos legales—; prohibiendo a los ciudadanos emplearla, incluso, nos deniega la portación de armas.
Por lo tanto, la obligación primordial del gobierno es la de garantizar a los ciudadanos la seguridad física, familiar, social, libre ejercicio de los derechos y prerrogativas en general, incluyendo la propiedad.
La inseguridad y violencia heredada al actual gobierno no cesa; es uno de los principales problemas que enfrenta la administración de la primera mujer en la Presidencia de la República de México.
Se cometen a diario un promedio de 80 homicidios. El Inegi, presentó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024, donde indica que en 2023 se registró —a nivel nacional— un número estimado de víctimas de 21.9 millones de personas, lo que representa poco más de 23 mil perjudicados por cada 100 mil habitantes.
El fraude, robo y la extorsión concentran 56.2% de los delitos. Y de la suma de los miles de crímenes o transgresiones cometidos, la impunidad se presentó de manera casi absoluta, lo significó la carencia de una sanción o castigo para los delincuentes que los cometieron.
La impunidad genera las siguientes consecuencias: primero, quien comete un acto delictivo y no recibe el castigo, está invitado a repetir su acción; segundo, quienes presencian la ausencia de consecuencias, tienden a imitar las conductas delictivas; tercero, ante la ineficacia de las autoridades, los afectados pueden recurrir a la justicia por propia mano; y cuarta —la más grave— cuando la ilegalidad e impunidad son algo común y cotidiano, se convierten en una costumbre jurídica.
De manera adicional al enorme reto de recuperar el control territorial que la delincuencia ha venido ejerciendo, así como combatir la violencia y la impunidad, estará crear políticas públicas que inyecten recursos económicos emergentes a las poblaciones que habitan en esas zonas del país, en sustitución del flujo de las actividades delictivas, que ya se han hecho una costumbre, incluso, forma de vida.
Por desgracia, existen zonas de México donde la actividad económica depende de manera principal de los recursos provenientes de las actividades delictivas. Cuando el gobierno atrapa a quienes las encabezan, de manera colateral afecta la economía del lugar; por ello, hay poblaciones que esconden, incluso protegen a quienes les suministran los recursos financieros.
Como ejemplo, está la detención de Ismael El Mayo Zambada en Sinaloa; que, en casi cuatro meses de violencia, ha tenido un costo social de alrededor de 600 muertes y una crisis económica en ciudades como Culiacán o Navolato, entre otras.
El crimen organizado extendió sus zonas de control aprovechando la política de abrazos, no balazos. Revertir y restablecer al Estado de derecho llevará mucho tiempo y requerirá de muchos esfuerzos. Pero no se puede seguir siendo tolerante con la delincuencia.
Como Corolario, las palabras de Gandhi: “La paz, es el resultado de la justicia y el derecho”.
