Por Adriana Delgado Ruiz
El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene claras las consecuencias de una reforma judicial de la dimensión que tiene la que está sobre la mesa en el Congreso y el de otras que están igualmente en la mira de nuestros principales socios comerciales, como la desaparición de los organismos autónomos encargados de la competencia económica y la transparencia.
La disputa política llegó al punto de la pausa en la relación con las embajadas de Estados Unidos y Canadá. El mandatario mexicano dejó en claro que “aún en el caso de que hubiese sanciones a México, nosotros, los mexicanos, tenemos que poner por delante nuestra soberanía”. Pero queda la duda: ¿cómo es posible hacer una pausa en la relación con los representantes diplomáticos de los socios comerciales más importantes?
Más allá del exabrupto político, ¿estaría construyéndose la idea de hacer a un lado el T-MEC? Es pregunta. El texto en vigor establece diversas formas de injerencia, por ejemplo, el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida que, de no resolverse a satisfacción de los socios comerciales, puede derivar en sanciones como la suspensión de preferencias arancelarias e incluso en bloqueos a las importaciones.
Más allá del ámbito comercial, la actitud del vecino del norte en temas como el migratorio, el combate al crimen organizado y hasta el discurso de odio que suele generalizarse contra México en tiempos electorales, puede generar en este lado de la frontera la idea de que sin el T-MEC de por medio podría haber mayor libertad para establecer negociaciones bilaterales.
Claro, siempre es importante poner todos los factores en la balanza. Si bien México tiene una importancia geopolítica innegable para Estados Unidos, cambiar el T-MEC por las reglas de la Organización Mundial de Comercio también significaría eliminar muchas ventajas como el Trato de Nación más Favorecida en importaciones y exportaciones que estarían más sujetas a aranceles y el Trato Nacional que resulta muy benéfico para las inversiones de los tres países en territorio del acuerdo comercial, lo que mantiene a nuestro país como la mejor opción para el nearshoring.
El sector empresarial estadounidense tiene El Dedo en la Llaga. La financiera Morgan Stanley bajó sus recomendaciones de inversión en México. El prestigioso Wilson Center alerta sobre posibles violaciones mexicanas a los capítulos 18 sobre telecomunicaciones, 21 en cuanto a competencia económica y 22 referido a los organismos imparciales que regulen a las empresas propiedad del Estado, además, por supuesto, de un sistema jurídico independiente que garantice el estado de derecho.
Pero ¿qué tan simple sería para Estados Unidos, Canadá o México salirse del T-MEC? El capítulo 34 del propio acuerdo establece claramente que su duración es de 16 años a partir del 1 de julio de 2020, aunque también especifica que “una parte podrá denunciar este tratado mediante la presentación de una notificación por escrito de denuncia a las otras partes. Una denuncia surtirá efecto seis meses después de que una parte presente la notificación por escrito a las otras partes. Si una parte lo denuncia, este tratado continuará en vigor para el resto de las partes”.
La tensión no es sencilla de resolver. Más allá de las posiciones ideológicas y políticas de las partes, una lectura de la realidad con cabeza fría invita a la prudencia.
