Por: Irene Muñoz
El Aeropuerto Internacional de Cancún, que administra Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), se ha convertido en el principal aeropuerto de pasajeros internacionales en el país y puerta de entrada a uno de los destinos más conocidos en todo el mundo. Sin embargo, la falta de gobernanza municipal y estatal ha provocado un escenario de desorden y violencia que exhibe la ineficacia de las autoridades, particularmente en materia de transporte terrestre.
El reciente enfrentamiento entre transportistas en las instalaciones de la terminal 3 del aeropuerto de Cancún, que escaló a violencia física por la disputa de clientes, es una manifestación alarmante de una competencia descontrolada y desleal, síntoma de un problema mucho más profundo y sistémico. Esta situación caótica no se limita a episodios aislados de agresión, forma parte de una serie de fallos estructurales que comprometen seriamente la imagen de México como destino turístico seguro.
David Escalante Sánchez, del World Resource Institute México, ha destacado la ausencia de opciones de transporte masivo accesibles, un déficit que deja a los turistas desamparados y vulnerables desde su llegada. La competencia por captar clientes ha rebasado los límites de lo ético y lo legal, infiltrando las operaciones diarias del aeropuerto con una atmósfera de incertidumbre y riesgo.
La respuesta de las autoridades en todos los niveles de gobierno ha sido negligente. Las medidas propuestas y las reformas legales prometidas llegan demasiado tarde y parecen más un intento de apaciguar las críticas que una solución real centro del problema. La falta de una postura oficial clara y de acciones contundentes deja un vacío que se ha llenado con promesas vacías y una gestión deficiente.
Esta situación no debe continuar así y es impostergable generar mecanismos de respuestas e implementar una regulación estricta y efectiva de los servicios de transporte en y alrededor del aeropuerto. La falta de controles continuos y sanciones severas para los infractores la eliminación de operadores pirata es un tema pendiente.
Junto con ello, es indispensable que se desarrollen campañas de información que orienten a los turistas sobre las opciones de transporte seguro y regulado. Esta información debe ser clara y estar visible en puntos estratégicos del aeropuerto de Cancún y en plataformas digitales.
La intervención de la Guardia Nacional no debe ser solo una medida temporal sino parte de un plan de seguridad integrado y permanente, que garantice la tranquilidad y el orden en áreas críticas como son las terminales aéreas.
Es esencial que exista una coordinación real y efectiva entre las diferentes instancias de gobierno, asegurando que las políticas y medidas implementadas sean coherentes y estén alineadas con las necesidades de seguridad y eficiencia.
La situación en Cancún es un llamado de atención urgente que no debe ser ignorado como lo ha sido en la última década. Requiere de una acción decidida y de un compromiso real por parte de todas las autoridades involucradas, en particular de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa.
De no ser así, el costo no será solo la pérdida de ingresos turísticos, sino también el deterioro de la reputación de México como un destino acogedor y seguro. La ausencia de autoridad y de orden, no es una opción si se aspira a proteger y preservar la integridad de uno de los sectores importantes del sector turístico y de la economía del país.
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