Por: Guadalupe Lizarraga
El fiscal de Sonora, Gustavo Rómulo Salas, con larga trayectoria en la fabricación de culpables, pretende “resolver” con el mismo método caso de Abel Murrieta.
Abel Murrieta, siendo procurador en 2005, desvió investigaciones sobre caso Alfredo Jiménez Mota.
El periodista se habría enterado de los vínculos de Abel Murrieta, Roberto Tapia Chan y Ricardo Bours con el grupo de los Enríquez Parra.
Gustavo Rómulo Salas, cuyo nombre cobró relevancia en sus inicios en el servicio público como subprocurador de derechos humanos en la PGR en 2003, ha mantenido una larga trayectoria en la inteligencia y la procuración de justicia. Sin embargo, se le ha señalado por fabricar culpables en numerosos casos a lo largo de su carrera. En su actual rol como fiscal de Sonora, Salas ha vuelto a llevar a una persona inocente a prisión y la ha expuesto en los medios de comunicación como el asesino de Abel Murrieta Gutiérrez.
De manera enfática, el fiscal Salas declaró a los medios su intención de solicitar la pena máxima para el presunto homicida de Murrieta. Esta declaración recibió el respaldo del gobernador Alfonso Durazo, quien afirmó que el asesino estaba plenamente identificado en las cámaras de seguridad. Sin embargo, la imagen presentada por las autoridades resulta borrosa y no permite identificar claramente el rostro del sospechoso. Además, se mencionó la existencia de testigos, pero no se proporcionaron más detalles al respecto.
Los nuevos hechos de incriminación se desencadenaron el 18 de agosto, a las 6 de la tarde, cuando Sergio Armando Silva Yocupicio, de 24 años, fue detenido de manera arbitraria por agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) bajo la acusación formulada por el fiscal Gustavo Rómulo Salas, quien dijo a los medios que desde hacía un año “los elementos de datos de pruebas ya estaban en la fiscalía”.
“Lo que sí se hizo con la administración a mi cargo fue proseguir con la investigación poniendo especial atención en cuidar todos los procesales, en establecer correctamente la identidad del participante y en realizar de manera expedita las acciones procesales”: fiscal Gustavo Rómulo Salas.
Inicialmente, Sergio Armando Silva fue acusado de robar su propia bicicleta, y su detención se llevó a cabo de manera violenta, en presencia de un testigo. Sin embargo, el fiscal Salas calificó de “argucia” la defensa, e insistió que los datos de prueba existían de hacía tiempo y la detención se había hecho “conforme a derecho”. Pero no mostró como evidencia alguna orden de aprehensión o presentación ni se le notificó previamente a Silva su situación de imputado.
Tras su arresto, Sergio Armando Silva permaneció desaparecido durante más de seis horas, y sólo se le permitió hacer una llamada el 18 de agosto entorno a las 12 de la noche, de su propio celular, después de que su madre denunciara su desaparición forzada. Durante este período, Silva fue sometido a tortura y luego trasladado al Centro de Readaptación Social #1 de Hermosillo, sin ningún abogado presente, donde posteriormente se le vinculó a proceso como el autor del homicidio de Abel Murrieta, exhibiéndolo públicamente en algunos medios como “culpable”, que el mismo fiscal calificó de “medios serios” en entrevistas radiofónicas. A la madre de Sergio Armando Silva se le permitió ver a su hijo seis días después de la detención.
El boletín oficial de la fiscalía estatal apuntó que la detención de Silva había ocurrido el 19 de agosto; en tanto el reporte de su desaparición y testimonios de su familia denuncian que fue el día anterior.
Ante la indignación de familiares, amigos y compañeros de escuela de Silva en Ciudad Obregón por su falsa incriminación, el gobernador de Sonora señaló que la orden de aprehensión había sido “después de trabajos de inteligencia y una exhaustiva investigación de campo”.
No obstante, la familia del acusado presentó pruebas médicas que contradicen la versión oficial. Según registros del Instituto Mexicano del Seguro Social, el 15 de abril, a las 3:40 PM, Sergio Armando Silva había sido atendido en un consultorio de Traumatología y Ortopedia debido a una lesión severa en la rodilla izquierda, que databa de 2020 y no pudo ser tratada antes debido a la pandemia. El diagnóstico especificaba una evolución de más de un año en su recuperación por lo que traía muletas para caminar. El traumatólogo que firmó el resumen clínico fue el doctor Iván Antonio Ahumada Peñuelas, con cédula profesional 11569097.
Sergio Armando Silva ha compartido con frecuencia en sus redes sociales su faceta como deportista y gimnasta, con videos de acrobacias realizadas hace más de un año en diferentes lugares, incluyendo gimnasios y su propia casa.
La fabricación de culpables en Sonora
No es la primera vez que el gobierno de Sonora enfrenta acusaciones de fabricación de culpables para aparentar eficiencia policial. El mismo Abel Murrieta Gutiérrez, en su papel de procurador del estado en 2005, desvió investigaciones relacionadas con los Enríquez Parra acusados de la desaparición y tortura del periodista Alfredo Jiménez Mota en Hermosillo. En ese año, Los Números era liderado por Raúl Enríquez Parra, quien mantenía vínculos con las autoridades judiciales del estado y el entonces presidente municipal de Cajeme, Ricardo Robinson Bours Castelo.
En 2003, cuando Gustavo Rómulo Salas ocupaba el cargo de subprocurador de derechos humanos en la PGR, Eduardo Medina Mora era titular del CISEN, y su mano derecha era Genaro García Luna en la AFI, involucrados con el Cártel de Sinaloa, como se ha demostrado recientemente en el juicio de García Luna en Nueva York. Desde el CISEN y la AFI se daba protección a los Beltrán Leyva, en Sonora, en conjunto con los Enríquez Parra, quien entonces operaban con el procurador Abel Martínez y Roberto Tapia Chan, bajo las órdenes de Ricardo Bours, alcalde de Cajeme.
En la nota de Alfredo Jiménez Mota, titulada “Protegen agentes a ‘Los Güeritos’, se refiere a agentes federales y estatales que protegían los sembradíos de enervantes, vigilaban las pistas clandestinas y localidades bajo su control. Menciona a los dos pilotos que transportaban la droga a EEUU, y a la esposa de Raúl Enriquez Parra, Sofia Rubí Mariscales Mota, como intermediaria de los compradores en Estados Unidos.
Durante esos años, en Ciudad de México, donde estaba Gustavo Rómulo Salas se llevaban a cabo fabricaciones de culpables emblemáticas en casos de corrupción judicial, como el de Israel Vallarta (2005), el caso Wallace (2005) y el caso de los policías de élite de la Ciudad de México Los Cobras, acusados de secuestro (2004).
En 2009 y 2010, años cruciales para la impunidad de Isabel Miranda de Wallace, Gustavo Rómulo Salas Chávez ocupaba el cargo de director adjunto de la Coordinación General de Investigaciones, desde donde se impulsaron varios de los expedientes fabricados, incluyendo el de George Khoury Layón, quien fue torturado en su detención en septiembre de 2009, cuando Eduardo Medina Mora ya era el titular de la PGR. Salas, en complicidad con Isabel Miranda de Wallace, también involucró en ese expediente a César Freyre Morales y a Jacobo Tagle Dobin, un caso fabricado de homicidio calificado para simular una banda delictiva
Las relaciones del fiscal Salas y el espionaje
La trayectoria profesional de Gustavo Rómulo Salas Chávez ha estado relacionada con el espionaje y la integración de expedientes para instrumentar persecuciones ministeriales bajo consigna. Otros casos emblemáticos fueron el de Ayotzinapa y la segunda masacre ocurrida en San Fernando, Tamaulipas, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en la que incluso abrió carpetas de investigación contra la periodista Marcela Turatti por investigar las irregularidades. En este mismo caso fabricó acusaciones de secuestro contra la defensora Ana Lorena Delgadillo y la perito forense Marcela Doretti.
Pero desde principios del 2000, el hoy fiscal de Sonora se relacionaba con Eduardo Medina Mora, los hermanos Robinson Bours Castelo, Abel Murrieta y otros funcionarios judiciales y del sistema penitenciario, que estuvieron vinculados con los Enríquez Parra y los Beltrán Leyva en esa época, cuando ambos grupos formaban parte del Cártel de Sinaloa, y eran protegidos desde el CISEN y la PGR.
La desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota, en abril de 2005, desencadenó una serie de ejecuciones, incluyendo la de Raúl Enríquez Parra, y expuso los vínculos entre las autoridades judiciales y los grupos de narcotráfico en el estado, del que formaban parte Abel Murrieta y Roberto Tapia Chan. Evidencia y testigos han revelado a Los Ángeles Press la conspiración que se configuró para proteger a los Bours Castelo con culpables fabricados del caso Jiménez Mota.
Se han proporcionado varias grabaciones de audio y video relacionadas con estos eventos. En una de ellas, el teniente Jesús Francisco Ayala Valenzuela, expolicía municipal de Cajeme en la época en que Ricardo Bours era alcalde, conversa con Daniel Irene Enríquez Parra, de Los Güeritos o Los Números sobre la protección y dinero que daban al procurador Abel Murrieta y a Roberto Tapia Chan.
El otro audio contiene la declaración del teniente ante la SEIDO sobre el secuestro y tortura del periodista Alfredo Jiménez Mota, así como los vínculos entre el alcalde Ricardo Bours y las autoridades judiciales, Abel Murrieta y Roberto Tapia Chan con los Enríquez Parra. La respuesta de la SIEDO a estas denuncias fue una intensa persecución al denunciante. El audio es un fragmento de 2 minutos, que se recortó para muestra.
La trama detrás del asesinato de Abel Murrieta
Abel Murrieta Gutiérrez, tras haber ocupado diversos cargos judiciales, pasó por varios partidos políticos, hasta llegar a candidato a alcalde de Cajeme en 2021 por Movimiento Ciudadano. En entrevistas, mencionó que no tenía miedo y prometió poner atención en la seguridad del municipio. Según el gobernador Alfonso Durazo, esto habría sido el motivo por el cual el crimen organizado lo habría asesinado.
Sin embargo, existe otro lado de la historia que cobra relevancia en relación con la fabricación de delitos contra Sergio Armando Silva Yocupicio.
El 6 de agosto, la Secretaría de la Marina (SEMAR) llevó a cabo dos detenciones relacionadas con el asesinato de Abel Murrieta. Los detenidos fueron Omar Alejandro Sayula Torres, alias “El Mou”, quien tres días después fue trasladado con gran seguridad desde Cajeme a Hermosillo, y Carlos Salmerón Pérez, quien resultó herido en el enfrentamiento y fue trasladado bajo custodia de agentes de la AMIC Sonora a un hospital. A diferencia de Sergio Armando Silva, no se ha informado que los detenidos hayan sido torturados, ni que la fiscalía los haya exhibido en las redes o en los medios tras su detención, a pesar de que ya se había difundido que eran los presuntos homicidas de Abel Murrieta y que habían sido detenidos como resultado de un operativo de la SEMAR.
La detención de Sergio Armando Silva se basó en una acusación inicial de robo de su propia bicicleta, durante la cual fue sometido a un arresto violento y posteriormente desaparecido por seis horas sometido a tortura. Sayula y Salmerón, en cambio, fueron detenidos mientras se desplazaban en un vehículo Nissan Murano de color gris, en el que se encontraron tres fusiles de asalto AK-47, según el reporte policial. La detención de ambos fue notificada de inmediato, y se les brindó seguridad y vigilancia en todo momento, incluso mientras Salmerón se encontraba en el hospital.
Se ha identificado a Omar Sayula como la mano derecha de Carlos Salmerón, sobrino de Fernando Salmerón Pérez, conocido como “El Nando Arenas”, quien ha sido señalado como líder del Cártel de Caborca en Ciudad Obregón. Según informes internacionales, este cártel está vinculado a Rafael Caro Quintero, quien a su vez se relaciona con Alfredo Olivas Valenzuela, alias “El Chapo Alfredo”. Fernando Salmerón Pérez habría sido el brazo armado de Alfredo Olivas Valenzuela antes de liderar el cártel en Cajeme.
Un testimonio que se ha presentado a Los Ángeles Press, acompañado de evidencia videográfica, afirma que Fernando Salmerón, en una conversación con Jesús Aguirre, habría confesado haber ordenado el asesinato de Abel Murrieta porque éste se había negado a recibir 6 millones de pesos para su campaña política por tener otros compromisos. Además, en esa misma conversación, El Nando Arenas mencionó su interés en obtener el control del ayuntamiento de Cajeme para lavar activos a través de la compra de maquinaria pesada.
Este complejo entramado de eventos y acusaciones arroja luz sobre la fabricación de culpables en Sonora para resolver crímenes políticos y plantea dudas razonables sobre la veracidad de las afirmaciones de las autoridades en el caso del asesinato de Abel Murrieta Gutiérrez.
