Por Marcela Jimenez
El término de ciudadanía ha sido continuamente reconstruido adaptándose a escenarios y realidades en permanente transformación. Es así como a lo largo de la historia de la humanidad se han incluido sujetos a ser considerados, como el caso de las mujeres o algunas minorías; o se han incrementado o cambiado los derechos de los que son beneficiarios; o bien, se han extendido los espacios de participación para llegar hoy a los conceptos de ciudadanía digital y ciudadanía global.
El significado tradicional es en sí mismo limitante de derechos dado que solo aplica a ciertos individuos enmarcados en un espacio territorial específico. Sin embargo, la digitalización ha provocado se empiece a ampliar su definición hacia una ciudadanía que se sobrepone a la pertenencia a un Estado a partir de causas, valores y afinidades globales, y que se identifica masivamente a través de las redes sociales.
En muchos sentidos, hoy los ciudadanos se hermanan ante derechos y responsabilidades sobre todo en lo que se refiere a la sostenibilidad. Las nuevas herramientas tecnológicas de comunicación nos globalizan en el anhelo de construir un mundo mejor enfrentando desafíos referentes a la administración y protección de los bienes globales, así como en la promoción de valores democráticos, libertades y derechos civiles, solidaridad humana y mantenimiento de la paz. En resumen, hoy se concibe con mayor claridad que la sobrevivencia humana y los retos mundiales están por encima de las fronteras, aunque muchas de las demandas y luchas busquen impactar en el ámbito local.
Según estudios y estadísticas del 2022, somos ya 5320 millones los usuarios de dispositivos móviles, lo que equivale al 67% de la población mundial. Ello nos lleva a deducir que nos encontramos en un proceso de construcción de una ciudadanía global digital, hecho que sin duda se aceleró con la pandemia de Covid-19. Sin embargo, las brechas generacionales, sociales y económicas también se hacen presentes en este rubro: no todos tienen acceso a internet, a una conexión de banda ancha, o cuentan con las habilidades y herramientas tecnológicas acordes a los nuevos tiempos. Entonces tenemos que solo algunos estratos sociales se benefician de estos avances que impactan en derechos humanos básicos como educación y salud, o libertades como la de expresión, haciendo evidente que la ciudadanía digital y sus beneficios no son accesibles para todos.
En América Latina y el Caribe esta brecha digital es bastante clara, más del 65% de las personas que viven en áreas rurales no cuentan con los mínimos estándares de calidad y conectividad, situación que se invierte en las zonas urbanas con un 30% de la población sin servicios de internet o con conectividad deficiente.
Esto hace que el acceso a Internet se convierta en un derecho básico tan importante como el de la ciudadanía, porque para ser ciudadanos digitales se vuelve indispensable estar conectados a la red.
La definición más genérica acerca de lo que significa “ciudadanía digital” es la que establece “la capacidad de participar en la sociedad en línea”. Algunos autores agregan conceptos referentes a su uso crítico, ético, legal, transparente, incluyente, seguro, consciente y democrático o con capacidad para transformar el mundo, lo que significa que la ciudadanía digital además de conexión tiene habilidades para no solo discernir la información sino para transformarla.
Los nuevos modelos de convivencia que se crean a partir de esta evolución tecnológica obligan a un urgente debate y actualización de la legislación y políticas públicas que generen una obligatoriedad en la inclusión, alfabetización y democracia digitales, sobre todo considerando nos encontramos en medio de una ola autocrática mundial en donde 7 de cada 10 personas viven bajo regímenes tiránicos, lo que vuelve urgente la ampliación de los espacios de participación ciudadana como mecanismos de presión y control del poder público.
Ejemplos exitosos hay muchos y cada vez más: plataformas digitales que apoyan y defienden causas, proyectos o valores: protestas virtuales que se convierten en manifestaciones ciudadanas masivas; presión social que influye en la toma de decisiones gubernamentales, en la modificación de leyes o en la protección de instituciones republicanas; ciberactivismo político sin mediaciones o representaciones organizativas para “visibilizar actores, amplificar voces y reforzar acciones impugnadoras y transformadoras”.
Pero hay una laguna que se debe empezar a subsanar lo antes posible, no podemos seguir dejando atrás del desarrollo y del progreso a amplios sectores poblacionales. Este salto tecnológico nos llevará, muy pronto, al punto en que las personas, organizaciones o movimientos que no tengan presencia digital, no existan ni en derechos ni en libertades.
