Un juez no aplica, imparte justicia
Por José Jesús Franco Romero
Twitter: @jesusfrarom
La conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en un escenario de denostación y crítica hacia las decisiones de juzgadores que, desde la percepción cuatroteísta, afectan los “intereses del pueblo y de la Cuarta Transformación”. Y la de este miércoles 10 de noviembre del 2022 fue claro ejemplo de ello.
En ella, el Subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México, Ricardo Mejía Berdeja, descalifica la decisión de la Jueza Federal del Distrito 9 del Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, Karla Macías Lovera, de emitir una suspensión definitiva contra el decreto que transfiere el control operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Más allá de las enredadas explicaciones legales que Mejía Berdeja da en menos de dos minutos, hay algo de fondo que preocupa: el respeto a la autonomía y división de poderes. Algunas voces, como la del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, han catalogado esta decisión de “denostación por parte del Poder Ejecutivo hacia los juzgadores que a diario ejercen una labor constitucionalmente consagrada”, como una acción que atenta contra los principios de independencia e imparcialidad judicial.
Esto, aseguran, afecta de paso a la efectiva impartición de justicia en México. Vaya, culpar a un juzgador como parte del problema de inseguridad en nuestro país es una acusación muy ligera. Aunque sí, hay juezas y jueces corruptos, no se puede catalogar a la totalidad como “malos elementos”.
Aunque el debate sobre la polarización que se vive en México es pan de cada día, y a veces ya trillado, éste se debe seguir dando. Las declaraciones del mismo López Obrador sobre el actuar de los integrantes del Poder Judicial (ya sea desde el ámbito nacional o estatal) han sido dados cargados para catalogarlos como defensores de los grupos conservadores. Por ejemplo, en el tema de los amparos contra la construcción del Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Cualquier mexicano tiene derecho a promover esos amparos cuando percibe o, en efecto, sus derechos son vulnerados. Incluso, cuando se trate de Organizaciones de la Sociedad Civil cuyos miembros no sean afines al Gobierno en turno. Eso siempre ha sucedido y seguirá sucediendo. O al menos, debería de.
Los principios de independencia e imparcialidad judicial deben prevalecer. También un respeto irrestricto por parte del Gobierno Federal a la autonomía de poderes judiciales y evitar que, aunque se trate de “meras declaraciones”, exceder sus funciones.
Desde el #CNLE expresamos nuestra preocupación y rechazo a la presión, señalamiento público y denostación por parte del Poder Ejecutivo hacia los juzgadores que a diario ejercen una labor constitucionalmente consagrada. (Tweet 1/4)
— Consejo Nacional de Litigio Estratégico (@Consejo_Litigio) November 10, 2022
