TEPJF declaró “inaplicable” decreto que permitía a los funcionarios promover la consulta de revocación de mandato

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de México declaró “inaplicable” un decreto que permitía a los funcionarios públicos manifestarse sobre el proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se llevará a cabo el próximo 10 de abril.

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En el polémico decreto, aprobado en las cámaras de Diputados y Senadores y que fue celebrado por López Obrador, se establecía que “no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas” en el período de veda con motivo de la consulta de revocación de mandato.

“El Decreto de interpretación auténtica es inaplicable a los casos de revocación de mandato porque no se realiza una interpretación auténtica del concepto ‘propaganda gubernamental’ sino que se establece una excepción a la prohibición de difusión de propaganda gubernamental durante el desarrollo de un proceso de revocación de mandato”, apuntó el comunicado.

El Tribunal Electoral consideró que este decreto, al considerar esta “excepción” a la norma habitual, “es violatorio de la prohibición prevista en la propia Constitución general”.

“Asimismo, al establecer esta excepción se realiza una modificación sustancial a las reglas de comunicación política en la revocación de mandato, lo cual está prohibido a nivel constitucional”, agregó el texto.

De esta forma, el TEPJF “protege el modelo de comunicación política del proceso de revocación de mandato en desarrollo”, con lo cual tutela el principio de “certeza y legalidad en su desenvolvimiento”, concluyó.

La consulta de revocación, derivada de la Ley Federal de Revocación de Mandato promulgada en septiembre, causa polémica porque es impulsada por el propio presidente López Obrador, por lo que la oposición le ha acusado de promover “una campaña permanente” para movilizar a sus bases.

Además, en los últimos meses se han producido varios choques entre los organismos electorales y el Gobierno federal.

A inicios de febrero, el Instituto Nacional Electoral (INE) de México dictó una medida cautelar contra López Obrador para que se ajustara a “los principios de imparcialidad y neutralidad” en la consulta de revocación de mandato presidencial.