Ex funcionarios de Pemex que trabajaron de la mano con Emilio Lozoya, que ya comparecieron ante la Procuraduría General de la República desde 2017, expresaron suspicacias por la premura con la que se firmaron algunos contratos con Odebrecht.
En tanto abogados de la empresa brasileña hablaron de los pagos indebidos a Lozoya a cambio de obra pública y presentaron documentos. Ex colaboradores de Lozoya que comparecieron ante el Ministerio Público como supuestos testigos del caso, se deslindaron de cualquier relación con empleados de Odebrecht, negaron haber recibido dádivas o presiones para firmar contratos con esa compañía y descartaron irregularidades en su adjudicación.
No obstante, hubo algunos, como Alejandro Martínez Sibaja, quien fue director general de Pemex Transformación Industrial, que reconocieron ante la PGR su extrañeza porque en un día se concretó el proyecto en Tula.
De acuerdo con las versiones públicas de las declaraciones ministeriales del caso Odebrecht en cumplimiento a dos resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Martínez Sibaja declaró: “desconozco por qué se firmaron en un solo día los oficios que fueron parte de este contrato” y agregó que “probablemente, sí me llamó la atención que el contrato Tula II se gestionara en un solo día, pero no lo recuerdo”.
En tanto, André Arthur Glorieux González, quien en el gobierno de Enrique Peña Nieto se desempeñó como subgerente de Proyectos en Pemex Refinación, reconoció que, en ese sexenio, “se pedía que se hicieran las cosas dentro del menos plazo posible”.
Entre las 36 declaraciones ministeriales se encuentran las de cinco representantes de Odebrecht, incluidos dos de sus abogados, Guillermo Antonio Suárez Solís y Rodrigo Durán Tacla, quienes negaron tener una relación, más allá de la empresarial, con Emilio Lozoya.
En la declaración de Suárez Solís, se puede leer que el abogado adjuntó “como Anexo 2, el relato relacionado con pagos indebidos realizados al Agente Público en un contexto de contrato de obra pública para empresa paraestatal y como Anexo 3, copia del acuse del escrito de 15 de marzo de 2017, dirigido a la Secretaría de la Función Pública”.
Pero esos documentos no fueron publicados. En las versiones públicas se incluye también la primera declaración de Emilio Lozoya ante la Procuraduría General de la República (PGR), en 2017, en la que no aceptó responder preguntas y acusó que la carpeta de investigación en su contra por el caso Odebrecht estaba sustentada sólo en notas de prensa.
“Niego cualquier imputación que se formule o se haya formulado en mi contra”, declaró entonces Lozoya y advirtió que “me reservo mi derecho a contestar, en virtud de que no existe, dentro de lo que se ha revisado en la carpeta de investigación, ninguna imputación directa hacia mi persona, sino lo único que existe, en donde se me menciona, son notas de prensa”.
Admiten suspicacias por contratos En total, la FGR dio a conocer las versiones públicas de 36 declaraciones ministeriales que constan en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, así como la lista de 22 testigos que comparecieron ante el ministerio público entre 2017 y 2018.
La mayoría de los testigos entrevistados fueron directivos de Pemex y algunos, todavía laboran en la empresa, pues en 2021 presentaron declaraciones patrimoniales como empleados activos de Pemex.
Algunos de los testigos mencionados son Alejandro Martínez Sibaja, ex director general de Pemex Transformación Industrial; Arturo Francisco Henríquez Autrey, ex director corporativo de Procura y Abastecimiento de Pemex, o Arturo Ricardo Arenas Briones, ex subdirector de Producción de Pemex-Gas y Petroquímica Básica, quien, ante la pregunta del ministerio público, respecto del proyecto de Etileno XXI, sobre si pagar el equivalente a 200 por ciento del precio promedio del etano en caso de incumplimiento afectaría el patrimonio de Pemex, respondió:
“Totalmente, porque es una cantidad muy fuerte por el incumplimiento; de mi experiencia podría decir que ese porcentaje es respecto a la hora, día o mes que bajó la aportación contractual del producto, por lo que se implementa el porcentaje para compensar”. Por su parte, Víctor Domínguez Cuéllar, ex subdirector de Ductos en Pemex-Gas y Petroquímica Básica, quien rindió declaración en tres ocasiones y expresó, por ejemplo, que “a la fecha de la firma del contrato (del proyecto de Etileno XXI), aún no se tenía la ubicación cierta de en donde se encontraría la planta que recibiría el etano…”.
Sobre el proyecto en la refinería de Tula, el ex gerente de Contrataciones para Procesos de Refinación de Pemex, Conrado Claudio Cristian Nava Aguilar, expresó que “hasta donde fue de mi conocimiento por el Área Administradora del Proyecto, tengo que decir que no existían suficientes contratistas calificados para llevar a cabo la obra y no se justificaba la realización de una licitación pública en razón de los costos que ésta representaba” y aseguró que “no omití ni ejecuté actos indebidos, ni tuve el conocimiento de algo sospechoso o dudoso”.
FGR no publica carpeta completa Aunque el Inai le ordenó a la FGR publicar en su portal y en la Plataforma Nacional de Transparencia la versión pública de la carpeta de investigación y actualizarla, de manera trimestral, como lo marcan las obligaciones de transparencia establecidas en la ley, la Fiscalía se limitó a difundir únicamente las versiones de las declaraciones y la lista de testigos interrogados y no toda la carpeta.
En sesión pública del 17 de noviembre del 2021, el pleno del Inai, a propuesta de los comisionados Óscar Guerra Ford y Blanca Lilia Ibarra, aprobó ordenarle a la FGR subir a su portal y en la PNT la versión pública de la carpeta de investigación, “lo cual pondría a disposición, no solo ya de los solicitantes o recurrentes, (sino) para toda la población esta carpeta de investigación en su versión pública y con una actualización trimestral”.
El comisionado Guerra explicó que con eso se podría sortear la condición que había impuesto la FGR, con la que pretendía que el solicitante pagara un millón 794 mil pesos para obtener copia certificada de la carpeta de investigación.
