Una jueza de control del Poder Judicial del Estado de México decretó el auto de vinculación a proceso en contra de Fernando “N”, de 35 años de edad, y Gloria “N” de 29, por su probable responsabilidad en el delito de “maltrato animal”, relacionado con el asesinato de “Silver”, su mascota a la que habrían apelado y acuchillado en el municipio de Tlalnepantla, el pasado 25 de julio.
Durante la audiencia de prórroga del plazo constitucional, la jueza asignada al caso, determinó la situación jurídica de ambos y dio un plazo de 30 días para el cierre de la investigación.
Asimismo impuso una medida cautelar consistente en prisión preventiva durante el procedimiento, por lo que fueron ingresaron esta misma tarde al penal de Barrientos, en el municipio de Tlalnepantla.
Los hechos por los cuales la pareja fue vinculada a proceso, ocurrieron el pasado 25 de julio, cuando en compañía de familiares, ascendieron a la azotea, donde se encontraba el perro “Silver” y en turnos lo apalearon y al final lo habrían acuchillado, según lo que se observa en un video que se viralizó en redes sociales y que fue tomado por sus vecinos, quienes pedían clemencia para la mascota que además mantenían encadenada.
De acuerdo a datos contenidos en la carpeta de investigación, el perrito fue inicialmente atacado por la pareja y familiares “con cuchillos y tijeras”, posteriormente arremetieron contra la víctima con palos y al final le dejaron caer en la cabeza “un motor de banda metálico que lo inmovilizó en el piso”.
La detención de los indiciados se dio tres días posteriores, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), realizará una inspección en el lugar donde ocurrieron los hechos, para posteriormente solicitar la orden de aprehensión respectiva.
Cabe destacar que casi de manera simultánea, el Poder Legislativo aprobó reformas al Código Penal de la entidad, para agravar las penas en contra del delito de “maltrato animal”, por lo que de encontrarse culpables, tanto Fernando “N” como Leticia “N”, podrían alcanzar la pena máxima aprobada por los legisladores que ahora es de 6 años de prisión y solo alcanza los 9 años, cuando se trata de servidores públicos.
Adicionalmente también podrían alcanzar otros 4 años por “lesiones dolosas”, como establece la nueva reforma, aunque eso tendrá que determinarlo el juez o jueza de la causa a la que se asigne el caso.
