El tema del aborto o suspensión del embarazo, de acuerdo al supuesto jurídico que se encuentre la persona, al menos en la legislación de la Ciudad de México, históricamente ha sido y continúa siendo un abierto debate de muchas décadas, sin embargo, en la capital del país, el mismo aplica hasta la decima segunda semana del embarazo. Es importante a hacer mención que en ese 2007, cuando la Asamblea legislativa del entonces Distrito Federal lo aprobó, en México el marco normativo constitucional sólo reconocía a la misma como la ley suprema, y no eran vinculantes los tratados internacionales y será hasta el 2011 cuando los derechos humanos tomen el rasgo de ser tutelados por la carta magna.
En ese momento tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como la Procuraduría General de la República hicieron uso de los medios de control constitucional para impugnar dicha legislación, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la constitucionalidad de la misma modificación a la legislación en materia penal.
Con este antecedente, llegamos a un nuevo capítulo de una debate pero ahora en el Estado de Hidalgo, que desde la óptica que lo veamos es perfectamente sustentado, quienes están a favor, como en contra del aborto o la suspensión del embarazo hasta la 12ª semana de gestación.
México es de los países mayormente poblados, en el lugar número 11, con 126,014,024, siendo mayoría las mujeres con 64,540,634 representando el 51.2% según el censo de población y vivienda del 2020 del INEGI, datos que cobran relevancia en temas tan delicados y controvertidos como el aborto, donde existen diversas posiciones con argumentos igualmente validos desde su punto de vista.
Sin embargo, el tema no es nuevo en nuestro país, pues desde 1920 existían movimientos feministas que luchaban por su descriminalización, pero que eran reprimidas, siendo innovador y precursor el Estado de Yucatán que desde 1922 permite el aborto por razones de inviabilidad económica, propuesta que fue retomada por colectivos feministas en 1936, haciendo propuesta formal para la despenalización del aborto por causas sociales y económicas, sin que se lograra su aprobación.
La mujer continuó luchando por sus derechos y en 1953 se le otorgó la ciudadanía plena, concediéndole el derecho al voto. Para 1974 se adicionó la constitución reconociéndole derechos políticos, pero sobre todo el derecho a la procreación, de mano de lo anterior retomó fuerzas la lucha en favor de la practica de aborto en instituciones públicas, más información y la distribución de preservativos; intensificándose la protestas, realizándose en 1979 una marcha fúnebre por todas las mujeres muertas en abortos clandestinos, consecuentemente el 10 de mayo se instituyó el día de la maternidad libre y voluntaria.
