Por: Enrique Rodríguez Martínez / Latitud
No hay sorpresas en el Congreso, los obedientes legisladores de Morena con sus aliados bisagra del PES y PT sacaron sin problema los votos necesarios en el Senado para aprobar la iniciativa preferente del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el sector energético.
A pesar de que hace algunas semanas la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia dio un significativo revés a la llamada Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, impulsada por la Secretaría de Energía, el gobierno federal apostó al mayoriteo para aniquilar la competencia que representan empresas impulsoras de energías renovables en el campo de acción de una CFE vetusta y anacrónica.
Cuatro ministros del Máximo Tribunal consideran que la política energética de AMLO contradice principios de libre competencia y transición a tecnologías limpias. Opinión que coincide con la de legisladores de oposición en la Cámara Alta, que anticipan la impugnación de la ley.
El mecanismo que tienen a su alcance senadores del PAN, PRI y PRD es una Acción de Inconstitucionalidad para propiciar que la Corte revise el tema. Les puedo anticipar que en la actual integración del pleno, difícilmente se alcanzarían los 8 votos necesarios para anular dicha ley.
Bastaría que 4 togados respalden el proyecto presidencial para que quede sin efecto la Acción, ese cálculo ya se hizo en Palacio Nacional y en el edificio sede de la Corte en Pino Suárez 2.
La legislación con rasgos estatistas, desalienta la inversión privada para producir electricidad a través de plantas solares y eólicas, cancela permisos de operación de empresas privadas de forma retroactiva, privilegia la quema de combustóleo y carbón sobre el uso de las llamadas energías limpias, que impulsa el gobierno de Joe Biden y la mayoría del mundo, para tratar de contener el calentamiento global.
Según las Asociaciones Mexicanas de Energía Solar y Energías Renovables, el gobierno decidió producir electricidad con la tecnología más costosa, lo que en el corto plazo se traduciría en el incremento de subsidios para mitigar el alza de tarifas.
Es evidente que la legislación ahuyentará nuevas inversiones en el sector y marcará a México como un país que violenta los Acuerdos de París sobre el cambio climático, a los que la administración Biden, regresó a través de una orden ejecutiva firmada en la Casa Blanca, el mismo día de la inauguración del gobierno demócrata.
Es evidente que uno de los temas prioritarios de la agenda bilateral será el energético. La reforma aprobada por Morena va en trayectoria de colisión con la tendencia del cuidado ambiental.
También es claro que para el Presidente de los Estados Unidos no es negociable que su vecino del sur aliente el uso de combustibles fósiles para producir electricidad, lo que producirá tensiones en la relación con México.
Mientras la dócil burocracia legislativa de la 4T obedece a ciegas al Presidente López Obrador, un iceberg del tamaño de Londres se ha desprendido del gigantesco casquete de hielo en la Antártida.
Lo que demuestra con hechos, que la estabilidad de la temperatura de la tierra está comprometida y no es un invento perverso de los científicos, como considera Donald Trump, amigou cercano del mandatario mexicano estancado en los años 60.
Edictos
Buscando notoriedad a través de ocurrencias, la senadora Nestora Salgado, ex lideresa de autodefensas en Olinalá, Guerrero y señalada por sus presuntos vínculos con secuestradores, hizo público un proyecto para permitir el voto a quienes pudieran estar condenados por delitos ya juzgados y sentenciados.
En un descuido, algunos acelerados dentro del partido de Estado querrán postular a candidatos acusados de violación o abuso sexual para cargos de elección popular. Es dramáticamente válida la ironía de esta pregunta ¿quién podría avalar semejante barbaridad?
