Se investiga un nuevo probable desvío de más de 67 millones en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) ejecutado en plena campaña electoral de 2018 informó la Fiscalía General de la República (FGR). El udo del dinero fue justificado mediante un contrato presuntamente apócrifo y con firmas falsificadas para luego ser enviado una red de empresas irregulares y fantasma.
El pago fue autorizado, según la denuncia penal presentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el 27 de abril de 2018 a través de un oficio supuestamente firmado por el entonces Director de Comunicación Social de la referida dependencia, en favor de una empresa con razón social Diario la Verdad. S.A. de C.V.
“Lo anterior resulta injustificado, en virtud de que no se observó la validación de la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría por los servicios prestados, ni la dependencia proporcionó los entregables que debió generar la persona moral Diario la Verdad, S.A. de C.V., a efecto de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en el contrato SEDATU-CS-20-2018” indica la auditoría.
Según la investigación de la Auditoría y la actual administración de Sedatu, todo el procedimiento fue simulado para justificar la salida de recursos del erario los cuales presuntamente terminaron en compañías ligadas a fraudes como el de La Estafa Maestra.
Por ello el 31 de octubre la ASF presentó formalmente la denuncia penal ante la FGR. Tras unas semanas de análisis el caso fue atraído por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) que ya inició la carpeta de investigación correspondiente.
Se prevé que en las siguientes semanas se cite a declarar a los exfuncionarios involucrados en esta contratación y no se descarta, como hipótesis de investigación, que las firmas de varios de ellos pudieran haber sido falsificadas para autorizar la salida exprés de recursos desde la Oficialía Mayor que dirigía Emilio Zebadúa, en la administración de Rosario Robles.
Por otro lado, un juez federal decidió aplazar un mes más la audiencia intermedia del caso abierto por omisiones en contra de la extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles Berlanga, quien está presa desde hace casi año y medio en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.
Originalmente y a petición de la defensa, la audiencia se había diferido del 8 de diciembre al 15 de enero de 2021. No obstante, autoridades judiciales indicaron que el juez hizo un nuevo ajuste por temas administrativos y de restricciones sanitarias, por lo que la nueva fecha se programó para el 15 de febrero.
Los abogados de Robles pidieron este plazo para trabajar un esquema de colaboración con la FGR en la que buscan dos cosas: obtener un criterio de oportunidad que frene la ejecución de una orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada, y negociar una salida alterna en el proceso ya iniciado por las supuestas omisiones.
La referida salida alterna consistiría en que la exfuncionaria federa se declare culpable a cambio de que se le imponga una pena reducida que le permita recuperar su libertad. A su vez tendría que declarar y comprobar que los presuntos desvíos en su gestión fueron resultado de órdenes superiores.
Actualmente las fuentes federales, indican que las negociaciones continúan en desarrollo sin que se haya alcanzado, todavía, algún acuerdo entre las partes.
