El pasado 15 de noviembre el presidente reconoció de manera pública que tomó la decisión de dañar a los más pobres, a las comunidades indígenas de Tabasco, su estado natal, para evitar la inundación de Villahermosa, la capital. Con los pueblos originarios esa ha sido la tónica de estos dos años.
En 2018, el último año del gobierno de Peña Nieto, en el presupuesto de la federación se destinaron 6,088 millones de pesos a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
Esta partida fue de 6,000 millones en 2019, el primer año del gobierno del presidente López Obrador, una reducción de 88 millones de pesos, pero en 2020 al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que sustituye al CDI, ya solo se le asignaron 3, 818 millones de pesos. Una reducción de 2,182 millones de pesos.
De un presidente que dijo apoyaría a los pueblos originarios se esperaba que esto se iba a traducir en el aumento considerable del presupuesto para su atención, pero no es así. El apoyo queda sólo en discurso, pero no más.
El castigo a los pueblos indígenas se incrementa todavía más cuando al INPI en el presupuesto de 2021 se le asignan solo 3,633 millones de pesos. Una reducción de 185 millones de pesos con relación al año anterior.
De acuerdo al gobierno en el presupuesto 2021 a los indígenas se les da 111,319 millones de pesos, pero esos son recursos de la Secretaría de Bienestar (entrega directa de recursos) sin que los pueblos originarios puedan plantear sus necesidades y sus proyectos, plantea Marcos Matías Alonso, investigador del CIESAS.
La decisión de ese presupuesto es ajena a los pueblos indígenas, para ellos el único recurso tangible es el que se da a través del INIPI que ahora ve reducido su presupuesto y con ellos el margen de acción a favor de los mismos, afirma el investigador.
Para él, como también lo plantean otros académicos, hay una contradicción radical entre la importancia que el presidente en su discurso da a la cultura indígena y lo que sucede en la realidad con el recorte del presupuesto y de las acciones dirigidas a favor de estas comunidades.
Los estudios de los pueblos originarios sostienen que resulta incongruente lo que dice el presidente en comparación con lo que realmente hace. Consideran que el Tren Maya y el Tren Interoceánico se les ha impuesto a las comunidades indígenas. Para ellos estas obras se inscriben en el modelo de economía neoliberal.
Para otros estudiosos, como el abogado y escritor mixteco, Francisco López Bárcenas, el presidente ni en campaña ni ya en el cargo ha hablado de “los derechos de los indígenas y lo que veo es que no entiende o no le interesa ese tema, porque él de lo que habla es nada más de asistencialismo”.
A la visión que sostienen estos académicos y estudios se añade la postura del EZLN que en repetidas ocasiones ha señalado la política del presidente como contraria a los intereses de los pueblos originarios. Califican a sus proyectos, para estas zonas como neoliberales.
Twitter: @RubenAguilar
